El ayuntamiento no se libró de los cacos

Como cualquier otro vecino, faltaría más, los cacos también tenían las puertas abiertas del ayuntamiento para plantear su problemática concreta, aunque también es cierto que les gustaba más acceder al interior del edificio consistorial con nocturnidad y alevosía, para llevar a cabo sus intenciones delictivas en el interior del mismo. Así aconteció en al menos cuatro ocasiones en los años 30, una en 1931 y las otras tres en un breve intervalo de tiempo entre los meses de mayo y agosto de 1934, como así ha quedado reflejado en seis actas de sesiones plenarias del Ayuntamiento de Llanera.

Severino Coterón, a la sazón alcalde del municipio, informó a sus compañeros de corporación, en la sesión el 25 de mayo de 1931, que el sábado anterior se había producido un allanamiento de la Casa Consistorial, después de que los asaltantes accedieran al interior a través de la puerta del patio, que les permitió, a su vez, abrir la puerta del juzgado (ayuntamiento, juzgado y calabozos compartían el mismo edificio), para luego acceder a las oficinas «violentaron los cajones de la mesa de Intervención y el archivador del Sr. Secretario, abrieron los cajones de las mesas de Secretaría e intentaron abrir sin conseguirlo, la mesa del salón de sesiones», tal y como se recoge en el acta plenaria.

Fragmento del acta del 25 de mayo de 1931, en la que se informa sobre el asalto sufrido por el ayuntamiento unos días antes.

Una vez revisado parece que la acción de los amigos de lo ajeno se limitó a dejar papeles revueltos, sin que se echara nada en falta, lo que no impidió que el domingo por la mañana, al detectarse la intrusión, se diera parte a la Guardia Civil, al Juzgado y al gobernador, quien procedió al envío de varios agentes de policía.

Más fructífero para los ladrones resultó el asalto producido en la madrugada del 8 al 9 de mayo de 1934, que se saldó con un botín de 65,20 pts. Esta vez los asaltantes fueron más osados que los de tres años antes, y accedieron al consistorio por la puerta principal para luego pasearse a sus anchas por las oficinas de recaudación de las cédulas personales, de secretaría y de intervención. El alcalde informa al pleno de que están informadas del hecho la policía, la Guardia Civil y el Juzgado para poner en marcha la correspondiente investigación.

Fragmento del acta del pleno del 9 de mayo de 1934.

De nuevo en julio el ayuntamiento recibe tan indeseada visita, y esta vez es el secretario municipal quien traslada a los concejales la información acerca del allanamiento el sábado anterior. Según el informe del secretario municipal, no se nota la falta de ningún documento, aunque el hecho de que violentaran las mesas, los armarios y revolvieran el archivo, hace que se vaya a tardar un tiempo en comprobar si efectivamente falta alguna cosa o no. El funcionario pide a los concejales que «se adopten medidas de seguridad que pongan fin a estos frecuentes robos que deterioran el mobiliario y originan grandes molestias al desordenar todos los papeles».

Fragmento del acta del pleno del 6 de julio de 1934 el cual el secretario informó del último asalto sufrido por el ayuntamiento pocos días antes.

Para mantener la racha, en agosto se volvió a las andadas, concretamente el día 16. El secretario y el interventor se quejan de que el archivo quedó completamente desordenado, aunque no parece haber desaparecido ningún libro de actas o de contabilidad o de documentos relevantes. Lo que sí se llevaron los cacos fue una de las dos máquinas de escribir Continental con las que contaba el ayuntamiento, lo que supone un trastorno importante para el desarrollo de la actividad normal del consistorio.

Uno de los concejales, Benigno Cuervo, recuerda a sus compañeros que en una sesión anterior, se había tomado la decisión de «reforzar las ventanas y puertas con barras de hierro y que ya debió de haberse hecho». El alcalde afirma que se hizo el encargo al taller de los González, pero que estos aún no han cumplido con el mismo. Agustín González, también concejal, insiste en que esas barras «no deben ponerse en determinadas ventanas o huecos sino en todos, sin excepción alguna».

Fragmento del acta del pleno del 22 de agosto de 1934.

Si en los asaltos anteriores no tenemos noticia acerca de si los autores fueron detenidos o no, en este caso sí sabemos que en el mes de septiembre, estaban puestos a disposición del Juzgado de Oviedo, varios individuos acusados de ser los autores del robo de la máquina de escribir, instrumento que, además, iba a poder recuperar el ayuntamiento, junto con los «demás objetos robados», según la información ofrecida por el alcaldes a los ediles en el pleno del 12 de septiembre.

Fragmento del acta del pleno del 12 de septiembre de 1934.

Unos días después, el 26, se discute en pleno si al ayuntamiento le merece la pena personarse en la causa contra los últimos asaltantes del edificio consistorial, tomándose la decisión de no hacerlo habida cuenta de que se habían recuperado los objetos robados, y de acelerar las gestiones con el fin de colocar trancas en puertas y ventanas «y nada más para evitar gastos». Las arcas municipales no estaban para alegrías y menos que lo iban a estar.

Acta del pleno del 26 de septiembre de 1934, en el cual el ayuntamiento decide no personarse en la causa contra los asaltantes.

Un robo de cine

La estación ferroviaria de Villabona fue el escenario en el que se perpetró lo que podríamos denominar un robo de película. No porque fuera especialmente llamativa la forma de llevarlo a cabo, o porque el ladrón desplegara una habilidad especial, sino simple y llanamente porque los objetos robados fueron dos películas de nombres tan sonoros como Las castigadoras de Broadway y Gallardo y calavera. A todo los hechos saltaron a las páginas de los periódicos El Noroeste y La Voz de Asturias, un 5 de febrero de 1931. Esas fuentes son las que utilizamos para dar forma a este artículo.

Titular de La Voz de Asturias, 5 de febrero de 1931.

Al principio la Compañía del Norte, empresa encargada de la explotación de la línea ferroviaria, no tenía claro si las películas se habían extraviado o si habían sido objeto de un robo, y publicó un anuncio para solicitar la devolución de las cintas si alguien sabía de su paradero. Fue el 26 de enero cuando la policía de Gijón recibió la noticia del robo de las películas, encargándose de la investigación el inspector González Casanave. A los pocos días recibió el soplo de que alguien andaba por Gijón ofreciendo la venta de las películas, lo que fue aprovechado por el inspector y otro agente, para proceder a la detención de un tal Hermógenes Castañón, de 42 años de edad, y como señala La Voz de Asturias «conocido profesional contra lo ajeno».

Después de varias declaraciones titubeantes acerca de si había tenido cómplices o no y sobre el destino de las películas, Castañón terminó confesando haber sido el único autor del robo, aprovechando que el tren se había detenido en la estación de Villabona para hacerse con los seis rollos de Las castigadoras de Broadway y los dos de Gallardo y calavera. Rollos todos ellos que había ocultado en un matorral en las proximidades de Lugo de Llanera. Asimismo, declaró que el industrial gijonés La Osa, iba a ser el destinatario de las cintas.

Programa de mano de la película Las castigadoras de Broadway.

Encaminada la policía hacia el escondite señalado por el caco, por cierto que el valor de lo robado era ni más ni menos que de 42.000 pts de la época, allí estaban únicamente los rollos de una de las películas, sin que la prensa nos informe de cual de las dos se trataba. Eso hizo que los agentes gijoneses se desplazaran en moto a Oviedo para poner el hecho en conocimiento de sus colegas de la capital asturiana al tanto del hecho.

Estos que ya debían de tener a sus sospechosos habituales, apenas si tardaron unas horas con localizar en un chigre de La Manjoya la película que faltaba, además de otra serie de objetos también procedentes de robos. Cuando la prensa nos informa de los hechos, la policía seguía investigando la posible implicación en el hecho del cuñado del ladrón confeso, trabajador del Ferrocarril del Norte, que bien le podría haber dado el soplo sobre el traslado de las películas.

La noticia en La Voz de Asturias del 5 de febrero de 1931.

En cuanto a las películas, Las castigadoras de Broadway es una comedia musical estrenada en 1929 y producida por la Warner, y era una de las primeras películas musicales que se rodaron en color, y en ella se cuenta la historia de tres chicas que intentan conseguir que un millonario patrocine su espectáculo de Broadway. En el año de su estreno fue la película más aclamada por el público norteamericano.

Por su parte, Gallardo y calavera, es igualmente una comedia, romántica en este caso, en la que un joven de la aristocracia londinense y crápula de profesión, se enamora de una chica en un viaje en tren a Biarritz, y después de las idas y venidas típicas de este tipo de argumentos, la cosa termina en boda.

El vampiro de Santa Cruz

Titular en el periódico El Noroeste el 24 de abril de 1917

Hace algo más de un siglo ya, cuando un vecino de Santa Cruz saltaba tristemente a la fama periodística, al ser el autor de un crimen de los calificados como horrendos, en Avilés, y que sería recordado como el vampiro de Santa Cruz o de Avilés según se mire su lugar de procedencia o el lugar del crimen, una historia que personas mayores de la parroquia me reconocían que se la contaban sus padres de niños, y a la que nunca hicieron mucho caso al pensar que se trataba de una historia inventada por ellos con el fin de meterles miedo, pero que en realidad nunca había ocurrido algo así.

Como la realidad siempre se empeña en superar a la ficción y a la imaginación de los humanos, la historia resultaba ser cierta. Fue en 1917 cuando el suceso saltó a las páginas de los periódicos con motivo del juicio al que se enfrentó Ramón Cuervo (1891-1917), de mote Ramón de Paulo, por el asesinato en Avilés del niño, Manuel Torres Rodríguez, en Avilés, para luego beber su sangre con el fin de poner fin a una enfermedad, tuberculosis pulmonar, con la que había regresado de su estancia en la isla caribeña de Cuba.

Los testimonios en su contra en el juicio, empezaron pro los de un droguero avilesino, que le vendió un frasco de cloroformo, y el de un joven de la calle Galiana, José Rodríguez, de mote Carolo, a quien Ramón había convencido de que lo acompañara a un descampado, y al que dejó marchar al considerar que el chaval «estaba algo raquítico, después de preguntarle si se hallaba enfermo», como se recoge en la información del periódico gijonés.

Sin embargo, el testimonio de mayor peso sería el de la vecina de Grandiella, María Martínez, quien aseguró haber visto al acusado irse con la víctima camino de un monte cercano, y regresar en solitario. La exhaustiva investigación policial, llevó al análisis de la materia fecal del acusado, a cargo del químico Juan Álvarez Casariego y el doctor Covián, quienes concluyeron la presencia de sangre en la misma. En ese punto de la investigación, el acusado seguía negando haber cometido crimen alguno.

Detalle del artículo aparecido en El Noroeste el 24 de abril de 1917.

De nuevo interpelado por el juez Eduardo Prada, el acusado terminó reconociendo que había utilizado una ampolla de cloroformo, con el niño Manuel Torres, a quien había localizado en la zona de La Magdalena y al que llevó con engaños al «monte Arabuya, en donde le aplicó el cloroformo, y después de efectuado, con un cortaplumas que le ocupó el Juzgado, le hizo una ó dos heridas en la yugular, donde aspiró la sangre que brotaba», nos cuenta El Noroeste.

Realizada la fechoría, regresó a la pensión en la que se alojaba para, a la mañana siguiente, salir en dirección a su casa de Santa Cruz, donde fue detenido. Durante el interrogatorio, reconoció que el motivo de su acto criminal había sido la creencia «de que con ello recobraría su salud, y que tal consejo se lo diera un negro de Sagua la Grande (Cuba)».

En Santa Cruz siempre quedó la duda de si su convecino habría tenido algo que ver en la desaparición de una niña de la parroquia, acontecida unos dos años antes y vecina de la casa de Ramón, una desaparición coincidente en el tiempo con el regreso, ya enfermo, del emigrante de la isla caribeña. Unos rumores a los que desde El Noroeste «no dábamos eco atribuyéndolos á fantasías populares, pero estas van adquiriendo cuerpo, los sacamos á la luz por ser del dominio público y habérsenos asegurado que la autoridad tiene conocimiento de ello y se propone hacer indagaciones para ponerlo en claro».

También Ramón Rayón hará mención al suceso en su periódico artículo que enviaba a la Revista Asturias. En este caso para dar respuesta al corresponsal del periódico ovetense El Carbayón, quien habría insistido en «que el asesino es de Llanera y que en Avilés no hay gente de esa calaña, diré que aquí tampoco existe», y no dudaba en definir a Ramón como «una aberración de la naturaleza».

En el mes de abril permanecía en la prisión avilesa, hasta que en mayo un juez decreta su traslado a la prisión de Oviedo y ahí se pierde la pista de Ramón Cuervo. Hay quien afirma que murió en prisión y quien dice que saltó del carro en el que era trasladado a prisión.

En Villabona se mascó la tragedia

La imagen que presenta hoy en día Villabona dista mucho de la que se podía ver prácticamente hasta los años 70 del siglo XX. Y es que desde que se pusieran en marcha las minas de carbón y se construyera la estación ferroviaria, con conexiones hacia Gijón primero y hacia San Juan de Nieva después, todo ello en la segunda mitad del siglo XIX, la población era tremendamente populosa y el movimiento de personas y mercancías era constante. A los dos aspectos dedicaremos nuestra atención en próximos artículos.

Solo en la explotación minera hubo periodos en los que se superaron los 300 trabajadores, a los que habría que añadir el de los empleados ferroviarios, primero en la Compañía del Norte y luego, en tiempos más próximos a nosotros, vinculados a RENFE. En consonancia con ello, el número de bares, establecimientos de ocio y tiendas de muy diverso tipo, era considerablemente superior al de los tiempos actuales, en los cuales sobreviven dos establecimientos hosteleros, uno en la propia población y otro en el Palacio del conde de San Antolín de Sotillo, a cuya arquitectura ya hemos dedicado un artículo.

Por eso no es en absoluto extraño que vividores de todos los pelajes acudieran al pueblo, especialmente en el día de cobro de los mineros, como se le ocurrió hacer a una compañía de variedades en 1919, generando un suceso que si no terminó en tragedia debió de ser por muy poco. De nuevo Ramón Rayón y sus publicaciones en la Revista Asturias, nos sirven para organizar el relato del acontecimiento.

Imagen de los años 60 de la calle principal de Villabona. Archivo Ayuntamiento de Llanera.

Atraídos por el dinero «caliente» de los mineros que lo habían recibido ese mismo día, llegó hasta Villabona una compañía de cómicos «acompañados de varias señoras de honor perdido», tal y como escribe Rayón «e inauguraron la función teatral». Y lo hicieron en todos los sentidos, estableciendo una entrada de 40 céntimos para poder acceder a la misma, y los criterios de acceso no debían de ser muy estrictos, en cuanto a la edad del público, ya que al parecer «entraron primero varios chiquillos que pagaron».

Sin embargo, con la función ya comenzada, en uno de los establecimientos públicos de la localidad cuyo nombre se nos oculta en la información, se dieron cita allí «innumerables mineros en completo estado de embriaguez, y como pretendían entrar gratis, alegando que el teatro estaba en un establecimiento público.» Lógicamente, la taquillera se opuso a tal pretensión, aunque los mineros no estaban por la labor de abonar la entrada, hasta que en un momento determinado «echaron mano a ésta y al resto de la compañía y no te digo lector lo que allí hubo: de todo menos de moralidad.»

Nos podemos imaginar el tumulto que se organizaría, no queremos ni pensar como terminaría el mobiliario del establecimiento y demás enseres, en medio del cual la compañía tuvo que salir por piernas en dirección a la estación ferroviaria, donde siguió la trifulca y «se dieron de palos, tiros y demás clases de instrumentos que integran esta clase de diversiones», saliendo los cómicos «a cincuenta por hora», una velocidad por otra parte nada desdeñable ya que era la que llegaban a alcanzar los trenes del momento.

El cronista no da cuenta de heridos o fallecidos en la trifulca, por lo que pudiera ser que todo se resolviera con magulladuras y algunos golpes. Rayón no puede evitar ironizar al final de su artículo, al recordar que entre los cómicos había una mujer «que adivinaba todo lo adivinable», y concluye preguntando al lector: «¿Qué te parece del modo de adivinar? ¿No pudo aquella señora saber lo que para ella y sus compañeros les estaba deparado, y así evitar el calvario sufrido?»

Fugas de la prisión municipal

Información de la que parece ser la primera fuga de la prisión municipal. El Comercio, 17 de octubre de 1899.

Al contar Llanera con una sede judicial le correspondía igualmente, tener una dependencia en la que albergar los detenidos por la Guardia Civil, antes de ser juzgados, bien en el juzgado municipal en el caso de delitos menores, bien en el provincial, para delitos más graves, es decir, que el calabozo, seguramente no sería más que eso, era únicamente para estancias de corta duración. Se trataba de una instalación, como veremos, de construcción precaria, y con unas condiciones higiénicas francamente deficientes, como también veremos.

Con este panorama, la primera y escueta noticia que tenemos de una fuga del centro de detención del municipio, la encontramos en las páginas de El Comercio, medio que el 17 de octubre de 1899 se hacía eco de una información publicada en El Diario de Avilés, en la que se decía que Manuel Rodríguez Valdés, alias «Chorín», quien ya se había fugado en el mes de septiembre de la Audiencia de Oviedo durante el traslado desde Avilés custodiado por la Guardia Civil, había hecho lo propio de la cárcel de Llanera, lo cual suponía que había vuelto a ser detenido por la Benemérita dentro del territorio de nuestro municipio, conducido a la capital, Posada, y de ahí volvería a poner pies el polvorosa, sin que sepamos las peripecias posteriores de «Chorín».

En los años 10 del siglo XX volverán a producirse sendas fugas, que pondrán de manifiesto la precariedad del calabozo municipal. En la Revista Asturias del 26 de diciembre de 1915, gracias a la pluma del secretario judicial, Ramón Rayón, leemos que la Guardia Civil del puesto de Posada detenía a Francisco Ortega por conducir una caballería sin la correspondiente guía, siendo sospechoso de haberla robado. Los agentes pusieron a Francisco a disposición judicial internándolo en la cárcel municipal. El presunto cuatrero aprovecharía la noche para «valiéndose de uno de los pies del camastro, empezó a abrir un boquete en la pared, de la parte posterior del edificio, consiguiendo hacer un agujero, por le cual salió fácilmente, logrando así evadirse de la prisión» nos cuenta Rayón, quien también nos dice que fue el empleado municipal, Enrique Rodríguez, la persona que notó su ausencia al dirigirse por la mañana a hablar con el detenido. La Guardia Civil, sin saber en qué dirección podría haberse fugado, se puso tras la pista y ahí termina la información que tenemos del hecho.

Más chusca sería la siguiente fuga de la que volvemos a tener noticia gracias a la crónica de Ramón Rayón, publicada en la Revista Asturias el 11 de junio de 1916. Gracias a ella sabemos que varios vecinos de la parroquia de Ables, recelosos ante dos desconocidos que transitaban a pie por ella conduciendo una novilla, decidieron pararles y, de alguna forma, conseguir que uno de ellos confesara que el animal era fruto de un robo que había cometido, ni más ni menos, que en la aldea de Agüerina, en el concejo de Belmonte, es decir, a unos 70 kilómetros de distancia.

Con esa información, los vecinos alertaron a la Guardia Civil procediendo a la detención de los dos sospechosos, Rafael Alonso Martínez, quirosano de Salcedo, quien se autoinculpó como autor de la novilla, y Francisco Pérez y Pérez, quien habría coincidido con el primero en San Cucufate, donde habrían emprendido el camino juntos al dirigirse ambos a Oviedo. Ambos fueron conducidos hasta la cárcel municipal.

Aquí dejo la palabra totalmente a Ramón Rayón y al expresivo párrafo con el que describe el momento de la fuga del ladrón de ganado: «Una vez en la cárcel de Posada, no le gustó al Rafael la topografía del pueblo ni el chalet donde lo hospedaron, pues por la noche se dedicó a trabajar y haciendo un hoyo por debajo de la puerta intermedia entre el depósito y archivo se fugó, sin que se sepa el rumbo pues no se lo comunicó ni al compañero de fatigas, según éste declaró. A la mañana siguiente el Alcalde [es posible que el término ‘alcalde’ sea una errata por ‘alcaide’ en el sentido de responsable del calabozo, dentro del tono chistoso con el que nos narra la noticia. En ese momento el alcalde era José Sala Cadamo], don Enrique Rodríguez Alonso mandó a que se enteraran de cómo habían pasado la noche, encontrándose con la celda completamente transformada y creyó al ver el terreno tan movido que se trataba de un terremoto.»

Lo simpático de la noticia no se quedó ahí, sino que a continuación, Francisco Pérez «(que no se fugó por no darle la gana)», empezó a decir que «era una persona de gran honradez e influencia», cuando la realidad era que era un mendigo de profesión, y que su detención iba a provocar serios disgustos, lo que le vale a Rayón para ironizar: «¡Acaso saldrá España de la neutralidad por tal detención!», en alusión a la postura que nuestro país había adoptado en relación con la Primera Guerra Mundial. La novilla quedó en depósito en la casa de Modesto Vázquez Rodríguez.

Dentro del contexto de una huelga planteada por los trabajadores de la Fábrica de Explosivos de Cayés, un total de seis mujeres fueron detenidas en sendas redadas por números de la Benemérita, y conducidas al calabozo de Posada donde pasaron 24 horas detenidas antes de ser puestas de nuevo en libertad. Tal y como podemos leer en El Noroeste, todas ellas se quejaron con insistencia de las pésimas condiciones higiénicas existentes en un calabozo «que parece más propio para alojar animales que para pernoctar seres humanos.» Por ello, el cronista del periódico gibones no duda en pedir al alcalde que «se digne ordenar el arreglo y limpieza de dicho local.»

Extracto del acta del pleno del 3 de junio de 1922, en el que se acordó hacer obras en la cárcel municipal.

Una actuación de la que no hay constancia que el consistorio abordara hasta cinco años más tarde, algo que sabemos por el acta del pleno del 3 de junio de 1922, en la cual se acuerda «hacer una pronta reparación en la cárcel municipal, para instalar un camarote, un banco, y cerrar el recipiente para la salud de los detenidos, pues actualmente es insalubre, y se halla en pésimas condiciones el depósito.»

Aquellos primeros accidentes de tráfico

La Voz de Asturias, 24 de enero de 1925.

Abro el artículo de hoy con una noticia publicada en La Voz de Asturias en 1925, que nos cuenta como a las entradas y salidas de Lugones y de Posada de Llanera, las autoridades competentes habían decidido colocar unos carteles advirtiendo a los viandantes de la necesidad de estar atentos a los vehículos a motor. Algo que de entrada nos puede parecer sorprendente habida cuenta de lo menguado del parque automovilístico general, las situación pésima de las carreteras del momento que impedían en periodos de mal tiempo, incluso la circulación de carros, y que para nada facilitaban que los automóviles alcanzaran grandes velocidades, pensado esto, claro está, desde nuestra mentalidad de hoy.

Como ejemplo de las velocidades que se alcanzaban por aquellos años, decir que los dos coches oficiales que tuvo el Ayuntamiento de Llanera en la década de los veinte, uno, un Peugeot, tenía como velocidad máxima los 60 kilómetros por hora, y el Fiat modelo 1925 que sustituyó al anterior, llegaba a la friolera de 73 kilómetros por hora, velocidades que en ningún caso se podrían llegar a alcanzar por las carreteras y caminos del concejo.

Eso no es óbice para que en la prensa de esos años se ponga el acento en automovilistas que van «a todo meter», poniendo en riesgo tanto su seguridad como las de los viandantes, tanto, seguramente, por la falta de pericia de los conductores, como de las condiciones de las vías. Eso debió de pasarles a los ocupantes del coche matrícula 1330, cuando volcaron haciendo un trayecto entre Brañes y Llanera, con el resultado de los cuatro viajeros heridos. Ellos eran el propietario del comercio La Violeta, en la población cubana de Camagüey, Joaquín Álvarez, con heridas graves en una pierna; el médico del concejo, José Menéndez Alvaré, con magulladuras por todo el cuerpo; Ramón Fernández Cuesta, con un brazo roto; y el señor Aldingundi (?), alto empleado de la empresa Trasatlántica, con erosiones sin importancia. Ese hecho tuvo lugar el 26 de agosto de 1921, y de él se hicieron eco el periódico El Noroeste y la Revista Asturias.

Si los anteriores tal vez sean los primeros accidentados mientras viajaban en coche por las carreteras del concejo aparecidos en prensa, el vecino de San Cucao, José García Fernández, arrollado por el coche matrícula B 2810 y con heridas leves en un pie como consecuencia, de las que fue atendido en la Casa de Socorro, es factible que sea el primer atropellado de Llanera en aparecer en las páginas de la prensa regional, en este caso en las del periódico Región del 16 de diciembre de 1925.

Al ser las bicicletas un medio de transporte muy habitual por aquellos años, no es extraño que coches y ciclistas entraran en conflicto en las carreteras, como le ocurrió a un vecino de Villardeveyo, de 20 años de edad, y que respondía al nombre de Eugenio González Díaz, quien se vio obligado a ingresar en la Casa de Socorro, después de haberse estrellado contra un camión cuando se dirigía a su domicilio. Según la noticia aparecida en el diario Región el 13 de enero de 1926, el herido evolucionaba favorablemente de sus heridas.

Políticos accidentados

De la veintena de sucesos relacionados con accidentes de tráfico acontecidos en el concejo entre los años 1921 y 1934 que tengo recopilados hasta el momento, uno de ellos apareció publicado en las páginas del nacional ABC el 26 de julio de 1929, haciéndose eco del accidente sufrido de madrugada por un grupo de jóvenes que se dirigían a Gijón en automóvil, cuando al pasar por Llanera, se precipitaron por un terraplén resultando fallecido César Miranda y herido, Manuel Díaz.

Pero sin duda los accidentados más famosos en las carreteras de nuestro concejo, fueron los diputados provinciales, Secundino Felgueroso y Mariano Merediz, ambos gijoneses, quienes mientras se dirigían a una sesión del pleno de la Diputación Provincial, a su paso por la capital municipal, sufrieron un avería mecánica causante de una salida de la vía, a la altura de Casa el Ferrador (en la información de El Noroeste aparece como Casa del Herrero), es decir, en plena calle principal de Posada. El conductor del vehículo, chofer habitual de Secundino Felgueroso, salió ileso mientras que los otros dos ocupantes del vehículo resultaron heridos.

En un primer momento fueron auxiliados por otros automovilistas que pasaban por la zona, uno de ellos el abogado, también gijonés, Eduardo Ibaseta, quien se encargó del traslado de los heridos a la villa de Jovellanos en su vehículo. Secundino Felgueroso resultó con fractura de tibia y peroné de la pierna izquierda, luxación del hombro izquierdo, fractura de la muñeca del mismo lado y diferentes contusiones y heridas producidas por la rotura de los cristales del vehículo.

Más suerte tuvo Mariano Merediz, con una simple contusión con derrame en el pie derecho y heridas incisas en mano derecha, además de varias contusiones. El Noroeste informa de que muchas personas pasaron por el domicilio de ambos políticos para interesarse por su estado de salud, y hacía votos por el pronto restablecimiento de ambos.

Una multa y un suceso chusco para terminar

En 1930 tenemos constancia de la primera multa impuesta en Llanera por exceso de velocidad. El «afortunado» fue el conductor del vehículo matrícula O 5118, a quien se le impuso por parte de la alcaldía, una multa de 25 pesetas por ir a una velocidad consideraba como excesiva.

Y el suceso chusco fue el protagonizado por un vecino de Salinas (Castrillón), de nombre Plácido, de 20 años de edad, quien no tuvo mejor idea que, a la altura de Santa Cruz, sacar la cabeza por la ventanilla cuando se estaba cruzando con otro vehículo, a resultado de lo cual sufrió una herida contusa en la región frontal y otra en la parietal derecha y otras erosiones en la cara, calificadas de graves y que obligaron a su ingreso hospitalario en un sanatorio de la capital asturiana. Fue en un mes de julio de 1934.

Los crímenes de Llanera

Para la primera entrada de este blog, he elegido el título del artículo que publico en el último número de la revista La Piedriquina, que se presenta el próximo viernes 12 en la Casa de Cultura de Posada de Llanera, después de una primera presentación el viernes pasado en el Club de Prensa de La Nueva España en Oviedo.

Se trata de un artículo que recoge un suceso que conmocionó al concejo y con un amplio seguimiento a cargo de la prensa del momento. El hecho ocurrió en el año 1895 y se juzgó dos años después en la capital asturiana, y tuvo como escenario la parroquia de San Cucufate.

Manuel Valdés Queipo, indiano retornado y de 63 años de edad en el momento del hecho, fue acusado del asesinato, con la complicidad de la comadrona, Josefa Bango, del bebé de Josefa Fernández, criada del primero y presunto padre de la criatura. Por si ese hecho no fuera lo suficientemente grave por sí mismo, la madre apareció igualmente asesinada unos días después, una vez que había ido pregonando por el pueblo que Manuel y Josefa Bango habían asesinado a su bebé.

El juicio fue muy sonado y con un amplio seguimiento a cargo de la prensa regional, con el ovetense El Carbayón publicando la primera información de la que se haría eco el gijonés El Comercio, para ser El Noroeste, también editado en Gijón, el rotativo que más amplia cobertura dio al juicio, hasta el punto de dedicar, uno de los días, prácticamente una página entera del periódico lo que suponía prácticamente el 25% de las páginas del mismo.

En un juicio con jurado el veredicto final fue de pena de muerte para Manuel, finalmente conmutada por cadena perpetua, y de 14 años de prisión para su cómplice. Manuel terminará falleciendo en el penal de Burgos pocos años después. De Josefa no sabemos cual fue su destino.

Además del hecho en sí, el interés de este juicio estuvo en que el diario El Comercio, lo utilizó para criticar la ley del jurado mostrando su disgusto por el hecho de que personas sin formación pudieran verse obligadas a dilucidar sobre asuntos de tan extraordinaria relevancia jurídica, y decidir sobre la vida o la muerte de una persona basándose únicamente en impresiones personales, toda vez que los métodos de investigación policiales tenían graves carencias, como se vio en este juicio en el cual, la mala fama del principal acusado tuvo mucho que ver en su condena al no haber pruebas forenses suficientes, y basarse la acusación principalmente en testimonios orales de los vecinos.

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