Villardeveyo y su nuevo camposanto

En la entrada inmediatamente anterior a esta, me ocupaba del proyecto de construcción de un nuevo camposanto para Pruvia el cual, muy probablemente, nunca llegó a construirse lo que obligaría, ante la situación de saturación, a labores de saneamiento del terreno, extracción de restos antiguos y poder así seguir dando servicio a la parroquia.

Nos movíamos entonces entre los años 1895 y 1896, y unos años después, concretamente en 1899 serán los vecinos de la parroquia de Villardeveyo quienes demanden de su ayuntamiento la búsqueda de un terreno en el que abrir un nuevo cementerio habida cuenta de la necesidad existente en ese lugar.

El 29 de abril de 1899 el pleno municipal se reúne para tratar el único punto del orden del día, que no era otro que el de dar lectura de una comunicación enviada al consistorio por el gobernador civil fechada cinco días antes, en la cual se informaba del envía a la máxima autoridad de la región, de una instancia firmada por el párroco de Villardeveyo, solicitando «se le conceda el emplazamiento de un nuevo cementerio».

Detalle del acta del pleno del 29 de abril de 1899.

Leída esa comunicación por el alcalde, Ramón García Miranda y Ablanedo, el pleno acuerda dar permiso a los vecinos de la parroquia «para que previas las formalidades legales, empiecen las obras una vez que son de urgente necesidad», como afirmaba el párroco en la instancia enviada al gobernador provincial. Es posible que el hecho de saltarse al ayuntamiento para recurrir directamente al gobernador, tuviera que ver con algún intento anterior, del que no nos ha llegado constancia, de solicitud al consistorio y que éste no hubiera atendido la petición vecinal.

Final del acta del pleno con las firmas de los concejales asistentes al mismo. No aparece la firma del alcalde.

La tramitación municipal volvió a llevar el asunto al plenario, esta vez el 2 de septiembre del mismo año de 1899, y de nuevo como único asunto a tratar por los concejales. En el mismo, será un edil, Ramón Martínez Coto, quien vuelva a poner sobre la mesa la necesidad de fijar «el emplazamiento de un nuevo cementerio católico», ya que al parecer el existente hasta ese momento «se halla completamente lleno de cadáveres y no reunir las condiciones higiénicas». Las mismas razones que habían esgrimido los vecinos de Pruvia en su petición unos años antes.

Con esa intención, una comisión municipal había recorrido la parroquia con el fin de buscar la nueva localización del equipamiento mortuorio, y se analizaron las condiciones de dos terrenos, uno «en el punto nominado Hero debajo De la Iglesia», y otro identificado como «Camperón en la hería de Barradiello, todo terreno propiedad de Don José Díaz y Díaz del Río de dicha parroquia», tal y como se puede leer en el acta del pleno.

Fragmento del acta del pleno del 2 de septiembre de 1899 donde se citan los terrenos examinados para construir el nuevo cementerio de la parroquia de Villardeveyo.

El primero de ellos, el Hero bajo la iglesia, presentaba los inconvenientes de no reunir «las circunstancias geológicas por hallarse en una situación demasiado pendiente y falta de viento Norte».

Mientras que el Camperón parecía más favorable al estar elevado al Norte, lo que favorecía que los vientos dominantes soplaran en dirección contraria al caserío, además de ser un terreno de naturaleza «silicio-calcárea y que reúne las condiciones legales para el objeto y que en sus inmediaciones no existen corrientes de aguas superficiales que puedan perjudicar a la salubridad pública».

Por todo ello, la comisión enviada sobre el terreno consideraba que esa ubicación era la mejor al reunir «unas excelentes condiciones para el objeto, tanto de capacidad como higiénicas».

Final del acta en la que se ponen de manifiesto las bondades del Camperón para acoger el nuevo cementerio de la parroquia.

¿Un nuevo cementerio para Pruvia?

En el siglo XIX se va a producir la construcción o remodelación de muchos de los cementerios de nuestro país, una vez que el espacio en el interior de las iglesias, lugar habitual de inhumación, se va colmatando hasta el punto de obligar a cerrar un buen número de ellas al culto, debido a los malos olores generados por la acumulación de cadáveres en su interior.

La normativa que regula las construcción de camposantos obligaba a buscar terrenos en los que se pudieran excavar tumbas de al menos dos metros de profundidad, alejados de viviendas, que los vientos dominantes fueran contrarios a los lugares habitados para evitar la llegada de posibles olores, y que no hubiera corrientes de agua próximos que pudieran llegar a contaminarse y generar un problema de salubridad a la población que dependía para el suministro de agua de fuentes cuyas aguas son de origen subterráneo o de corrientes de agua superficiales de distinta entidad. De ahí la importancia de evitar que un cementerio pudiera llegar a contaminar ese suministro de agua, y evitar así enfermedades infectocontagiosas como el cólera o el tifus.

Nuestro concejo no fue inmune a esa tendencia a la construcción de nuevos camposantos, como podemos ver en las actas municipales de finales del siglo XIX, en las que podemos encontrar noticias acerca de, al menos, la intención de llevar adelante esas construcciones en al menos dos de nuestras parroquias, como son Pruvia y Villardeveyo. A la primera dedicaremos este artículo y dejaremos la segunda para uno próximo.

El 21 de diciembre de 1895, el alcalde dio cuenta en el pleno municipal de una queja de los vecinos de Pruvia acerca de las malas condiciones en las que se encontraba el cementerio «por ser insuficiente y hallarse completamente saturado de materia orgánica el actual», ante lo cual el pleno decide encargar al maestro de obras Ulpiano Muñiz Zapata el levantamiento del plano de la nueva necrópolis y convocar una reunión de la Junta Local de Sanidad.

Detalle del acta de fecha 21 de diciembre de 1895.

Parece una inocentada pero no lo es, decir que el 28 de diciembre se reunió la Junta Municipal de Sanidad para tratar un único punto del orden del día: el nombramiento de una comisión que tendría la misión de buscar un nuevo emplazamiento para el cementerio de Pruvia.

Unos días antes, el 25, el plenario municipal había acordado llevar adelante esa iniciativa, y ahora se acordó formar una comisión integrada por Froilán Menéndez Prado y Rafael Álvarez García, ambos miembros de la Junta Municipal de Sanidad, para que giraran una visita a la parroquia y analizar la idoneidad de una finca situada en Los Peñones y cerciorarse especialmente «si puede darse [a] las sepulturas el máximo de profundidad que está prevenido e informarse respecto a las condiciones ecológicas e higiénicas del terreno».

Acta de la reunión de la Junta Municipal de Sanidad del 28 de diciembre de 1895.

Esa Junta de Sanidad volverá a tratar el asunto el 18 de febrero del año siguiente, con el fin de que los dos encargados de estudiar el terreno presentaran las conclusiones extraídas en su visita, conclusiones que no pudieron ser más favorables ya que los vientos reinantes eran contrarios a las viviendas más próximas, el terreno permitía dar a las sepulturas profundidad suficiente y no existían corrientes de agua susceptibles de contaminación. Por todo ello la comisión «tiene el pleno convencimiento de que el punto elegido llamado los Peñones para el emplazamiento del cementerio tiene las más excelentes condiciones para el objeto, tanto de capacidad como higiénico».

Once días después de esa sesión, el alcalde, Ramón García Miranda y Ablanedo, popularmente conocido como Ramonín de Puga, informaba al pleno de la apertura del correspondiente expediente para seguir adelante con la tramitación administrativa que llevara a la construcción de nuevo cementerio de Pruvia, punto que fue aprobado por unanimidad por los concejales presentes, así como hacer una consignación presupuestaria en las cuentas municipales en una cantidad sin especificar, y elevar ese presupuesto al gobernador civil para que éste diera su visto bueno.

En esa sesión plenaria se informa de que la finca de Los Peñones tenía una superficie de 1.200 metros cuadrados, extensión que «permitirá dado el número de defunciones anuales que se calculan no ser necesario remober [sic] restos mortales durante un periodo de veinte años».

Acta de la sesión plenaria del 29 de febrero de 1896.

El gobernador civil fue sensible a la petición municipal, como se pone de manifiesto en el pleno del 11 de junio de 1896, en la que se afirma que el proyecto cuenta con el visto bueno del gobernador, por lo que se decide incoar un expediente de expropiación forzosa del terreno en el que está previsto levantar el nuevo cementerio, al no existir acuerdo con la propietaria del mismo y vecina de Oviedo, Amalia González de Candamo.

Como dijimos antes, se trataba de una finca de 1.200 metros cuadrados llevada en régimen de colonia entre José Casaprín y la propietaria de la misma, en la que además del espacio destinado al último descanso de los fallecidos, se tenía previsto levantar un depósito de cadáveres, una capilla y una casa para el capellán. Lamentablemente, de este asunto no ha quedado más rastro en la documentación de las actas de los plenos municipales o de la Junta de Sanidad.

La posible construcción de un nuevo cementerio en Pruvia se trató por última vez en el pleno del 11 de julio de 1896.

Un conflicto entre los vecinos de la parroquia y su párroco en 1919, y del que se hizo eco el periódico El Noroeste, nos aporta otra información importante acerca de este camposanto y que no es otra que el mismo no era propiedad De la de la iglesia, sino que la misma recaía en los vecinos al haber sido ellos quienes habían levantado el mismo, como pone de manifiesto el vecino Florentino Pardo Trabanco en la carta que aparece publicada en la edición del 31 de octubre de 1919, explicando como el cura Jesús González, quiso conceder la propiedad de una de las tumbas a un vecino de la parroquia lo que levantó las protestas de los vecinos, al considerar que el párroco estaba ejerciendo un derecho que no le correspondía, impidiendo con ello, además, que pudieran enterrarse los restos de la hija de un convecino.

Por lo que afirma Florentino en su carta, el párroco reaccionó de forma poco educada y, al parecer, respondió a los vecinos diciendo: «Me tratan ustedes como a un monterilla, y quiero decirles que el cura de Pruva no teme más que a Dios y a las moscas». Vista la situación, lo vecinos giraron visita al obispo del que obtendrían finalmente el reconocimiento de la propiedad vecinal del cementerio y solución al problema.

Carta del vecino de Pruvia Florentino Pardo Trabanco publicada en El Noroeste el 31 de octubre de 1919.

El coche de la polémica

En el artículo anterior hacía referencia a la decisión tomada por el ayuntamiento presidido por Celestino Tresguerres, de dotar al consistorio de su primer vehículo oficial, y adelantaba que la compra traería consigo una polémica que se arrastraría hasta el año 1932, en el que el asunto se cerró de la manera que vamos a ver.

Una vez concluida la dictadura de Primo de Rivera en enero de 1930, uno de los cambios que vivió la situación política nacional fue el regreso a los ayuntamientos democráticos, muchos de los cuales, el de Llanera incluido, empezaron a revisar todos los acuerdos tomados durante el periodo dictatorial declarando muchos de ellos como lesivos para los intereses municipales y, en nuestro caso, la compra del Peugeot 11 hp fue uno de ellos.

Un coche que, ya durante el periodo de Tresguerres, había sido sustituido por un Fiat, del que no tenemos más detalles, por medio de un acuerdo plenario de marzo de 1929, y que para para marzo del año siguiente aún no había sido pagado en su totalidad, como demuestra el hecho de que en la sesión del 8 de marzo de 1930 la nueva corporación decide suprimir del presupuesto municipal una partida de 3.000 pts «para pago de parte del importe del automóvil Fiat del Ayuntº».

En marzo de 1930 se decide suprimir la partida de 3.000 pts para pago parcial del Fiat.

Apenas una semana más tarde, el asunto saltó a las páginas del diario gijonés El Noroeste, de tendencia republicana y próximo al Partido Reformista, en las que en la edición del día 15 se podían leer con todo detalle el coste que para el ayuntamiento había tenido el vehículo municipal. Así, se decía que el precio del Peugeot había sido de 8.500 pts, el cual se había cambiado por un Fiat «grande, dando, además, 9.000 pts.»

Un coche que a lo que parece «no quiere andar», y en el que se habían gastado 17.500 pts, una cantidad nada despreciable para las exiguas finanzas municipales, a lo que habría que añadir los costes de mantenimiento que estaban entre las 2.000 y las casi 2.500 pts, aparte de hacer frente a los plazos de pago de la compra del vehículo. Según la información contenida en El Noroeste, incluyendo algunos gastos de representación, se habría llegado a las 25.000 pts.

Información sobre los gastos ocasionados por el coche oficial publicada en El Noroeste.

El asunto volvió a llegar al salón de plenos en octubre de ese año 1930, cuando se lee íntegramente el acuerdo del 11 de diciembre de 1926 para la compra del Peugeot. Los concejales presentes acuerdan de forma unánime declarar ese acuerdo como lesivo para los intereses municipales, reservándose el derecho a acudir al tribunal contencioso para «más adelante».

Ante la situación, el consistorio decide poner el vehículo a la venta, y en la sesión del 8 de noviembre de 1930, el concejal José Rodríguez pregunta en qué estado se encuentra el asunto de la venta, recibiendo como respuesta que se está a la «espera que los peritos nombrados vengan a hacer la tasación».

Volvemos de nuevo a las páginas de El Noroeste, esta vez del 20 de febrero de 1931, para encontrarnos con la publicación de un anuncio de la alcaldía, ya regentada por el reformista Severino Coterón, y gracias al cual sabemos que el modelo de Fiat adquirido por el consistorio era un modelo de 1925 con 20 hp de potencia, alguno más que los 11 hp del Fiat de segunda mano al que vino a sustituir, con 6 cilindros, 7 asientos, descapotable y con 2 ruedas de repuesto. El anuncio señala que las ofertas tendrán que superar las 500 pts, y el vehículo se podrá examinar acudiendo a los almacenes municipales.

Anuncio de la alcaldía referente a la subasta del coche Fiat.

La subasta tuvo lugar en el mes de marzo de ese mismo año, tal y como nos informan de nuevo las páginas de El Noroeste, y al parecer, había tres propuestas encima de la mesa. Una subasta que debió de concluir con la venta del coche para chatarra, como podemos intuir de la lectura de las páginas del periódico socialista Avance del 22 de junio de 1932, en las que se informa de la decisión tomada por el ayuntamiento de satisfacer las cantidades que todavía se adeudaban por la compra del «automóvil adquirido cuando la dictadura y que fue subastado para chatarra».

Así se cerraba el asunto del primer coche oficial del Ayuntamiento de Llanera.

1926, el año en el que el ayuntamiento estrenó coche oficial

Corría el año 1926 en plena dictadura de Primo de Rivera y bajo la alcaldía de Celestino Tresguerres, cuando llega al pleno municipal, concretamente en la sesión del 11 de diciembre de 1926, el asunto de si el ayuntamiento debe de dotarse o no de un vehículo de propiedad municipal, en lo que iba a ser el primer coche oficial con el que contó nuestro ayuntamiento en toda su historia que, por aquel entonces, ya sumaba bastante más de un siglo de andadura independiente.

Encabezamiento del acta de la sesión del 11 de diciembre de 1926.

El primer punto del orden del día de aquella sesión fue el dedicado a la dotación de una partida presupuestaria por importe de 5.000 pesetas, con destino a la compra del vehículo para el servicio del ayuntamiento, punto que fue defendido directamente por el alcalde Tresguerres.

Entre los motivos que éste alegó para justificar ese desembolso económico, estaba el hecho de que el concejo contaba con 11 parroquias «diseminadas en las cuales se están realizando o van a ejecutar obras por administración que hay que inspeccionar», tal y como se recoge en el acta del pleno, unas inspecciones que se veían dificultadas por «falta de medios de comunicación».

Otra de las ventajas que se veía a la compra de un coche, era la de agilizar la visita al terreno de las comisiones municipales que se enviaban para informar acerca de peticiones vecinales que llegaban al ayuntamiento, cuya resolución en ocasiones se retrasaba «porque no siempre puede la comisión informante ir a cumplir su cometido», sigue el acta.

Donde se explicitan algunos de los motivos que aconsejan la compra del vehículo.

Por otro lado, la propia dinámica de la gestión municipal hacía necesarios los viajes a distintos organismos oficiales ubicados en Oviedo, e incluso se generaban desplazamientos oficiales a municipios vecinos. A todo eso se añade la facilidad que aportaría a los propios concejales para desplazarse hasta la capital municipal para participar en las sesiones plenarias «y más aún, el regreso a sus hogares, casi siempre de noche y atravesando horas de carretera».

Todas ellas eran razones que venían a abonar el argumento principal esgrimido por Celestino Tresguerres, que uno era otro que el ahorro que iba a suponer para las arcas municipales, habida cuenta de que si bien «hasta ahora los gastos que los viajes oficiales originaban a la Corporación y empleados, eran satisfechos en su mayor parte del bolsillo particular de cada uno», el aumento en la frecuencia de esos viajes «hace que esos gastos se multipliquen y excedan de las disponibilidades de cada uno, lo que obligará a todos a pasar la cuenta para que, como es de justicia, se abone con cargo al presupuesto que resultará menos gravado si los viajes oficiales se hacen en el auto municipal».

Fragmento del acta de pleno en la que se explicita el modelo de coche que va a adquirir el municipio.

Una vez conseguida la unanimidad de los concejales asistentes a la sesión, se pasó a discutir el modelo de vehículo que podría ser más apropiado para los fines establecidos, llegándose a la conclusión de que la mejor opción, al decir del alcalde, era un «Peugeot 11 H.P., cinco asientos, usado, casi nuevo, que su dueño vende, por haber adquirido un coche mayor». Propietario que al parecer, pedía la cantidad de 8.500 pesetas aunque, eso sí, ofreciendo flexibilidad en el pago.

Modelo Peugeot 172 Bc Quadrilette 1924, 11 hp

Ya en 1926 una de las cuestiones que se valoraron para aprobar la compra del vehículo fue que «es de muy poco consumo», como puso de manifiesto el concejal José Alonso. Las deliberaciones entre los ediles concluyeron con el acuerdo de abonar con cargo al presupuesto en ejercicio la cantidad de 3.500 pesetas, dejando el resto del importe para el año siguiente, siempre y cuando el mecánico al que se le encargara la revisión del vehículo diera el visto bueno al estado del vehículo. Asimismo, se decidió reservar en el presupuesto la cantidad de 2.000 pesetas para afrontar los gastos que ocasionaría el uso del vehículo por la corporación.

Dejamos para un próximo artículo el recorrido por la polémica, que se extenderá hasta 1932, provocada por la compra de ese vehículo.