En el siglo XIX se va a producir la construcción o remodelación de muchos de los cementerios de nuestro país, una vez que el espacio en el interior de las iglesias, lugar habitual de inhumación, se va colmatando hasta el punto de obligar a cerrar un buen número de ellas al culto, debido a los malos olores generados por la acumulación de cadáveres en su interior.

La normativa que regula las construcción de camposantos obligaba a buscar terrenos en los que se pudieran excavar tumbas de al menos dos metros de profundidad, alejados de viviendas, que los vientos dominantes fueran contrarios a los lugares habitados para evitar la llegada de posibles olores, y que no hubiera corrientes de agua próximos que pudieran llegar a contaminarse y generar un problema de salubridad a la población que dependía para el suministro de agua de fuentes cuyas aguas son de origen subterráneo o de corrientes de agua superficiales de distinta entidad. De ahí la importancia de evitar que un cementerio pudiera llegar a contaminar ese suministro de agua, y evitar así enfermedades infectocontagiosas como el cólera o el tifus.

Nuestro concejo no fue inmune a esa tendencia a la construcción de nuevos camposantos, como podemos ver en las actas municipales de finales del siglo XIX, en las que podemos encontrar noticias acerca de, al menos, la intención de llevar adelante esas construcciones en al menos dos de nuestras parroquias, como son Pruvia y Villardeveyo. A la primera dedicaremos este artículo y dejaremos la segunda para uno próximo.

El 21 de diciembre de 1895, el alcalde dio cuenta en el pleno municipal de una queja de los vecinos de Pruvia acerca de las malas condiciones en las que se encontraba el cementerio «por ser insuficiente y hallarse completamente saturado de materia orgánica el actual», ante lo cual el pleno decide encargar al maestro de obras Ulpiano Muñiz Zapata el levantamiento del plano de la nueva necrópolis y convocar una reunión de la Junta Local de Sanidad.

Parece una inocentada pero no lo es, decir que el 28 de diciembre se reunió la Junta Municipal de Sanidad para tratar un único punto del orden del día: el nombramiento de una comisión que tendría la misión de buscar un nuevo emplazamiento para el cementerio de Pruvia.

Unos días antes, el 25, el plenario municipal había acordado llevar adelante esa iniciativa, y ahora se acordó formar una comisión integrada por Froilán Menéndez Prado y Rafael Álvarez García, ambos miembros de la Junta Municipal de Sanidad, para que giraran una visita a la parroquia y analizar la idoneidad de una finca situada en Los Peñones y cerciorarse especialmente «si puede darse [a] las sepulturas el máximo de profundidad que está prevenido e informarse respecto a las condiciones ecológicas e higiénicas del terreno».

Esa Junta de Sanidad volverá a tratar el asunto el 18 de febrero del año siguiente, con el fin de que los dos encargados de estudiar el terreno presentaran las conclusiones extraídas en su visita, conclusiones que no pudieron ser más favorables ya que los vientos reinantes eran contrarios a las viviendas más próximas, el terreno permitía dar a las sepulturas profundidad suficiente y no existían corrientes de agua susceptibles de contaminación. Por todo ello la comisión «tiene el pleno convencimiento de que el punto elegido llamado los Peñones para el emplazamiento del cementerio tiene las más excelentes condiciones para el objeto, tanto de capacidad como higiénico».

Once días después de esa sesión, el alcalde, Ramón García Miranda y Ablanedo, popularmente conocido como Ramonín de Puga, informaba al pleno de la apertura del correspondiente expediente para seguir adelante con la tramitación administrativa que llevara a la construcción de nuevo cementerio de Pruvia, punto que fue aprobado por unanimidad por los concejales presentes, así como hacer una consignación presupuestaria en las cuentas municipales en una cantidad sin especificar, y elevar ese presupuesto al gobernador civil para que éste diera su visto bueno.

En esa sesión plenaria se informa de que la finca de Los Peñones tenía una superficie de 1.200 metros cuadrados, extensión que «permitirá dado el número de defunciones anuales que se calculan no ser necesario remober [sic] restos mortales durante un periodo de veinte años».

El gobernador civil fue sensible a la petición municipal, como se pone de manifiesto en el pleno del 11 de junio de 1896, en la que se afirma que el proyecto cuenta con el visto bueno del gobernador, por lo que se decide incoar un expediente de expropiación forzosa del terreno en el que está previsto levantar el nuevo cementerio, al no existir acuerdo con la propietaria del mismo y vecina de Oviedo, Amalia González de Candamo.

Como dijimos antes, se trataba de una finca de 1.200 metros cuadrados llevada en régimen de colonia entre José Casaprín y la propietaria de la misma, en la que además del espacio destinado al último descanso de los fallecidos, se tenía previsto levantar un depósito de cadáveres, una capilla y una casa para el capellán. Lamentablemente, de este asunto no ha quedado más rastro en la documentación de las actas de los plenos municipales o de la Junta de Sanidad.

Un conflicto entre los vecinos de la parroquia y su párroco en 1919, y del que se hizo eco el periódico El Noroeste, nos aporta otra información importante acerca de este camposanto y que no es otra que el mismo no era propiedad De la de la iglesia, sino que la misma recaía en los vecinos al haber sido ellos quienes habían levantado el mismo, como pone de manifiesto el vecino Florentino Pardo Trabanco en la carta que aparece publicada en la edición del 31 de octubre de 1919, explicando como el cura Jesús González, quiso conceder la propiedad de una de las tumbas a un vecino de la parroquia lo que levantó las protestas de los vecinos, al considerar que el párroco estaba ejerciendo un derecho que no le correspondía, impidiendo con ello, además, que pudieran enterrarse los restos de la hija de un convecino.

Por lo que afirma Florentino en su carta, el párroco reaccionó de forma poco educada y, al parecer, respondió a los vecinos diciendo: «Me tratan ustedes como a un monterilla, y quiero decirles que el cura de Pruva no teme más que a Dios y a las moscas». Vista la situación, lo vecinos giraron visita al obispo del que obtendrían finalmente el reconocimiento de la propiedad vecinal del cementerio y solución al problema.