Historiador del arte, con experiencia y formación en el mundo del periodismo, la comunicación online y la gestión pública. Apasionado de la investigación y difusión de todo lo que tenga que ver con Llanera. Con dos libros publicados sobre el municipio y multitud de artículos en prensa y revistas de divulgación histórica.
Si bien el Instituto Armado se funda en 1844, hay que esperar algo más de 30 años para tener la primera noticia de la relación con nuestro concejo. No es hasta mayo de 1876, cuando sabemos que el pleno municipal del 6 de mayo fija en 100 pesetas anuales la aportación del concejo para el sostenimiento de la Guardia Civil, dando así cumplimiento a una circular enviada por el Gobernador Civil, con fecha de 1 de abril. Una noticia que ya tiene 150 años de antigüedad.
Detalle del acta del pleno del 6 de mayo de 1876
El año próximo, 2027, se cumple el primer siglo y medio de presencia estable de la Benemérita en la capital municipal. Fue en el pleno del 13 de enero de 1877, cuando se informa a la corporación que el día 4 de ese mismo mes de enero, tiene el municipio concedido un puesto de la Benemérita, en lo que parece ser el arranque de la presencia estable ya en el municipio. Para ello se decide alquilar una propiedad de Manuel González Espina, a razón de 6 reales diarios a pagar por el ayuntamiento.
Por hacer un poco de historial, decir que la fecha fundacional de la Benemérita es el 28 de marzo de 1844 , como un cuerpo especial de fuerza armada de infantería y caballería, dependiente del Ministerio de la Gobernación. La tarea de poner en marcha este nuevo cuerpo a medio camino entre lo militar y lo policial, se le encarga al mariscal de campo Francisco Javier y Ezpeleta, II Duque de Ahumada, tal y como se recoge en la página web del propio instituto armado.
Desde muy pronto la Guardia Civil va a ejercer una labor de control del orden público, al parecer con bastante eficacia, a tenor del uso asiduo que hace del calabozo municipal, tanto que el ayuntamiento se ve obligado a pedir un presupuesto para la rehabilitación del mismo, la reparación de los servicios higiénicos, y para aportar dos mantas para abrigo de los detenidos. Los fondos que sean necesarios para ello saldrán de la partida de imprevistos. No se explicita la cantidad. (Acta del peno del 6 de octubre de 1877).
Detalle del acta del pleno del 6 de octubre de 1877 donde se comenta la necesidad de hacer obras en los calabozos municipales.
Lo que sí sabemos es que en 1878, el presupuesto municipal recoge una partida presupuestaria por importe de 549,50 pesetas, para el pago del alquiler de la casa cuartel. El estado del edificio en cuestión deja mucho que desear, a tenor de la queja presentada por sus ocupantes, y que llega al pleno del 24 de agosto de 1878.
Ante la situación, el consistorio demanda al propietario de la edificación, que haga las reparaciones necesarias y en caso de no realizarlas, será el ayuntamiento quien las asuma revertiendo el coste en el propietario. Para conocer el estado real del edificio, se nombra una comisión formada por el alcalde, Fernando Cortés, los concejales, José Valdés y Antonio Ruiz, auxiliados por el carpintero, Manuel Solares, y el cantero Fernando Martínez.
Un mes más tarde el informe de la comisión es contundente y califica de «inhabitable» a la Casa Cuartel, por lo que se opta por pedir al propietario, Manuel González Espina, que la cierre para proceder a su reparación. En el mismo pleno del 14 de septiembre de 1878, la corporación decide alquilar otra propiedad, esta vez a José Antonio Ablanedo, con un alza en el alquiler de 91,21 pesetas, La solución no parece ser del agrado de los munícipes, y la votación final arroja un saldo de tres votos a favor, dos en contra y, nada más y nada menos, que 10 abstenciones.
Suponemos que como solución transitoria, se alquila una propiedad a Ramona Alonso Ablanedo, opción que se mantendría poco en el tiempo, ya que en el pleno del 18 de enero de 1879, la propiedad alega contra la salida de los números de la Guardia Civil del edificio de su propiedad. Una petición denegada ante las malas condiciones de salubridad que, al parecer, presentaba el edificio.
En octubre se le comunica la rescisión del contrato y para noviembre, Ramona no había recurrido la decisión. Desconocemos la manera en la que se alojarían los miembros del destacamento de la Guardia Civil, ya que no es hasta 1881, dos años después, cuando tenemos la información acerca del acuerdo entre el ayuntamiento y José Antonio Ablanedo. Éste último recibirá una cantidad de 3.750 pesetas, a pagar por trimestres durante 6 años (pleno 5 de marzo de 1881).
Detalle del acta del pleno del 22 de marzo de 1884 .
Habida cuenta de las dificultades económicas por las que pasan las adminsitraciones locales de este periodo, no es extraño encontrar en el acta del pleno del 22 de marzo de 1884, la resolución del alcalde, Ramón Garcia Miranda y Ablanedo «Ramonín de Puga», en la que se acuerda buscar toda la información disponible sobre la presencia de la Guardia Civil en el concejo, con el fin de pedir al Estado que corra con los gastos de la Casa Cuartel «en vista de la penuria por que atrabiesa este municipio».
Y es que incluso si se necesitan refuerzos, como es el caso durante la celebración de elecciones, es el consistorio el que tiene que hacer frente a la manutención de los guardias. Eso ocurrió, por ejemplo, en 1898, obligando al consistorio a desviar el dinero que tenía previsto invertir en la construcción de una escuela en Arlós ante la falta de un terreno adecuado, para sufragar los gastos de la presencia de ocho parejas de la Guardia Civil, con motivo de la celebración de las elecciones a diputados en Cortes.
En mayo, el alcalde informa que los gastos generados por esa presencia extraordinaria de guardias en el concejo, con la misión de repartir y recoger las cédulas de los electores, son de 110 y de 100 pesetas respectivamente.
Por el periódico El Noroeste, en su edición del 8 de julio de 1898, sabemos que la fuerza de la Guardia Civil se iba a incrementar en Asturias en un total de 80 guardias de infantería y 20 de caballería. Éstos últimos prestarán servicio en Gijón, Llanera y Oviedo. El mismo medio gijonés, nos dice en agosto, que el guardia de la parroquia de Roces, Antonio Viejo, recientemente ascendido a cabo, va a ser destinado a la comandancia de Llanera.
El Noroeste, 5 de agosto de 1899
Y cerramos este recorrido decimonónico, con otra noticia de El Noroeste, que nos habla de la conflictividad a la que tenían que hacer aquellos guardias civiles. En enero de 1899 el rotativo se hace eco en sus páginas de la agresión a pedradas sufrida por una pareja de guardias del puesto de Llanera, cuando conducían a varios mineros hacia la prisión provincial. A su paso por Villaperi, un numeroso grupo de mineros, que el periódico supone compañeros de los detenidos.
Los reos eran cinco vecinos de la localidad ovetense acusados de haber atropellado e intentado desarmar a una pareja de la Guardia Civil.
El título de esta entrada coincide con el que da nombre al Trabajo de Fin de Máster, punto final del máster en Humanidades Digitales que he cursado a través de la UNIR (Universidad Internacional de La Rioja), y que defenderé el próximo mes de octubre.
Se trata de un trabajo que une, por un lado, las herramientas tecnológicas con, por otro, la investigación en humanidades que suele tener como principal objeto de estudio corpus documentales, en mi caso las actas de las sesiones plenarias del Ayuntamiento de Llanera entre 1859 y 1899. El marco temporal viene marcado por el hecho de que las actas más antiguas conservadas en el archivo municipal, son precisamente del año 1859.
Acta del 1 de enero de 1859. Archivo Ayuntamiento de Llanera.
Con ese corpus documental, formado por un millar de documentos en números redondos, con diferentes grados de expresividad, he elaborado una base de datos abierta a la consulta por parte de todas aquellas personas interesadas, accesible y pensada como un proceso aún en desarrollo y construcción, ya que espero ir incorporando más información a las mismas, además de ampliar la base de datos para ir incorporando actas ya correspondientes al siglo XX.
Detalle de la base de datos disponible en Airtable.
En ella ofrezco información acerca de la fecha de celebración del pleno; si la sesión es ordinaria o extraordinaria o si no se ha celebrado la sesión correspondiente; los asuntos principales tratados en ellas; quién es el alcalde en ese momento; si aparecen nombrados los concejales asistentes a la reunión o no; si concurren al pleno los mayores contribuyentes y los miembros de la junta de asociados; el número de asuntos tratados en el pleno; y un apartado de comentarios para incluir información de interés sobre la sesión.
Uno de los formularios de la base de datos.
En sucesivas entradas iré desgranando las conclusiones a las que he llegado a través del estudio de los datos recogidos en esa base de datos.
Plano de la parroquia de Santa Cruz fechado en 1936. Fuente: Instituto Geográfico Nacional.
La evolución geológica del concejo de Llanera marca la existencia de importantes zonas con presencia de arcillas, susceptibles de ser utilizadas para la fabricación de distintos tipos de materiales, y de cuya explotación a lo largo de los siglos han quedado vestigios en parroquias como la de Cayés, Ables y Santa Cruz. A ellas habría que unir las de Lugo y Rondiella, en las cuales también consta la explotación de ese recurso. De todas ellas daremos algunas pinceladas en este artículo cuyo arco temporal se reduce a los primeros treinta años del siglo XX.
Los primeros en darse cuenta de las posibilidades de la explotación a gran escala de los barros existentes en Llanera, fueron los romanos como atestigua el hallazgo de un complejo de cinco hornos en la zona de el alto de La Corona, en la población de La Venta del Gallo, perteneciente a la parroquia de Cayés.
La construcción de la autovía AS-II fue la causa del hallazgo, gracias al seguimiento arqueológico de la obra al ser considerada zona de riesgo arqueológico. La encargada de llevar a cabo esa excavación de urgencia fue la arqueóloga Otilia Requejo, quien identificó el complejo y estudió los alrededor de 10.000 fragmentos cerámicos aparecidos en la zona.
Esos hornos se dedicaron exclusivamente a la fabricación de materiales de construcción, tales como tejas tanto planas como curvas, ladrillos con diferentes finalidades, materiales para la construcción de drenajes y canalizaciones y también para edificar sistemas de calefacción, con el fin de atender las necesidades del conjunto de villas levantadas en distintas partes de Asturias, empezando por las más próximas como la de Paredes (Siero) o la de Veranes (Gijón). Todo ello a lo largo de los siglos I-III de la era, en época Flavia.
Una tradición de trabajo con el barro de la parroquia de Cayés que tendría su continuidad en la época medieval, si tomamos en cuenta la existencia del topónimo La Forniella, en un espacio hoy ocupado por el Parque Tecnológico de Asturias, documentado desde el siglo XIII. Denominación que adoptaría el terreno de juego en el que disputaba sus partidos de fútbol el Rácing de Cayés entre 1979 y 1987.[1]
En el siglo XIX y ya dentro de los nuevos parámetros de producción mecanizada devenidos del desarrollo de la revolución industrial, con el paso de una fabricación manufacturada a los nuevos sistema de producción en serie, será la Tejería Mecánica, luego Cerámicas Guisasola, la que vendrá a explotar con mayor intensidad que hasta ese momento, los recursos arcillosos tanto de la parroquia en la que se asentaba, la de Cayés, dando continuidad a una tradición antiquísima, como de parroquias vecinas, caso de la de Ables en la cual es posible visitar hoy la conocida como la charca de La Barrera, generada en el yacimiento de arcilla explotado para suministrar materia prima a la nueva fábrica. La necesidad de contar con ese material básico para su producción y la presencia en buena cantidad y con calidad suficiente, provocará el inicio de la explotación en el entorno de Santa Cruz de Anduerga.
Una parroquia caracterizada, desde el punto de vista cerámico, por mantener a lo largo de dos siglos, entre el XVIII y las primeras décadas del siglo XX, una tradición alfarera capaz de alumbrar una característica cerámica negra para dar forma a una amplia variedad de piezas utilizadas para satisfacer las necesidades cotidianas, y que viajaron fuera de las fronteras municipales hasta los importantes mercados de Avilés o de Pravia.
Sin embargo, el objeto de este breve artículo, concebido a modo de primera y superficial aproximación al tema, va a ser la explotación de las arcillas de la parroquia destinadas a satisfacer las necesidades de una incipiente industria cerámica necesitada de grandes cantidades de materia prima. Una explotación que se hacía en propiedades comunales, para lo cual el ayuntamiento convocaba las oportunas subastas, pero también a través de contratos con particulares de los cuales veremos dos ejemplos en las páginas siguientes.
A lo largo del artículo iremos viendo ejemplos de los dos sistemas utilizados por las empresas para acceder a la materia prima, que son básicamente dos. Uno el acudir a las subastas convocadas por el ayuntamiento y, el segundo, mediante la firma de contratos con particulares poseedores de terrenos en cuyo subsuelo ofrecía la posibilidad de obtener arcilla.
Asimismo, veremos como la explotación del recurso va a tener una vertiente social importante, en tanto en cuanto suponía la creación de puestos de trabajo tanto en las labores extractivas, como en las de transporte que en zonas como Santa Cruz y en años difíciles, venían a paliar las malas condiciones de vida generales. Finalmente, cerraremos el artículo con un breve recorrido por el resto del municipio.
2. Subastas y contratos
La noticia más antigua que tenemos de la convocatoria de una subasta de arcilla en la parroquia de Santa Cruz, la encontramos en las páginas del periódico El Noroeste del 2 de julio de 1902. Concretamente en la página 3 del mismo se anuncia lo siguiente: “El día 5 de Agosto próximo, á las doce de la mañana, tendrá lugar en las Consistoriales de Llanera el remate de 500 toneladas de arcilla refractaria, cuya extracción se halla concedida para la vigente campaña forestal en el monte denominado Beyo, bajo el tipo de 1.500 pesetas”. Una subasta de la que no tenemos información para saber si resultó exitosa o si se quedó sin resolver, como veremos que sucedía en algunas ocasiones.
Esa zona de la parroquia ubicada en el lugar de La Cruz, en las proximidades de Villayo y fronteriza con Las Regueras, ya hay constancia de la existencia de tejeras desde el siglo XVIII tradición que se mantendría hasta bien entrado el siglo XX.[2] Entre 1889 y 1890 se llevan a cabo trabajos para inventariar los montes comunales y hacer mediciones y descripciones muy detalladas, gracias a las cuales sabemos que el Monte Beyo tenía una superficie de 14,13 hectáreas “siendo toda ella del dominio público por no existir enclavada ninguna propiedad particular”. Curiosamente, a pesar de llevar la denominación de “monte”, en la descripción que se hace de su orografía, se dice que su topografía “no tiene importancia por consistir en una explanada casi horizontal sin accidentes notables”, lo cual, sin duda ninguna era una ventaja a la hora de explotar las arcillas allí presentes.
El Noroeste, 2 de julio de 1902.
Ese espacio va a ser durante años la zona sobre la cual incidan las distintas subastas promovidas por el ayuntamiento, seguramente incluso con anterioridad a la fecha de 1902 que nos da el ejemplar del periódico El Noroeste al que hacíamos referencia, toda vez que la Tejería Mecánica, a la que nos hemos referido en la introducción, ya se encontraba en funcionamiento desde el año 1868 y a buen seguro que muy pronto empezó a requerir la llegada de arcilla a sus hornos para mantener un buen nivel de producción.
Esa necesidad de material hizo que la Sociedad Hijos de Guisasola buscara asegurarse un suministro constante para no depender de las irregulares convocatorias de subastas municipales, y ofreciera a los paisanos de Santa Cruz en cuyas tierras la arcilla estaba presente, la firma de contratos de suministro, como el establecido con Francisco Álvarez el 11 de abril de 1906.[3]
Se trata de un documento sencillo, formado por cinco artículos que fijan las condiciones del mismo y los compromisos que adquiere cada una de las partes. En el primero de ellos, Francisco Álvarez se compromete a suministrar a la sociedad Hijos de Guisasola toda la arcilla que precisara siempre y cuando esa cantidad no sobrepasara las 700 toneladas, teniendo que ser él mismo quien se ocupara de trasladarla a un lugar en el que fuera posible cargarla para luego proceder a su transporte hasta la factoría cayesina. Por su parte, en el artículo segundo, Hijos de Guisasola se comprometía a pagar por cada tonelada puesta en la zona de carga, un total de 4 pesetas a liquidar cada final de mes. El otro compromiso que asumía la parte contratante era el de “la presentación de los vales que se entregan á los carreteros”.
La duración del compromiso se fija en el punto tercero, hasta el final del año en curso, para dar paso en el cuarto punto, al apartado de penalizaciones, de tal forma que si cualquiera de las partes incumplía el compromiso firmado, debería de pagar a la otra daños y perjuicios por un valor que sería estimado en su caso, por los peritos que fueran nombrados o por los testigos que intervienen en la firma del contrato, que son Inocencio Fernández, de Santa Cruz, y Juan Díaz, de Lugo de Llanera. Finalmente, el artículo quinto, señala que en cualquier momento el documento podrá ser elevado a escritura pública, cuando una de las dos partes así lo pida.
Este sería un buen ejemplo de ese procedimiento de acuerdo con particulares por parte de Guisasola. Sin embargo, no sería la firma cayesina la única en interesarse por las arcillas de Santa Cruz ni la única en firmar contratos de suministro con los paisanos, como demuestra la existencia de un “Contrato para reconocimiento y explotación de arcilla refractaria”, fechado el 26 de julio de 1926 entre Juan Sitges y Aranda, ingeniero director y apoderado de la Real Compañía Asturiana de Minas, y el vecino de Santa Cruz, José Gutiérrez, propietario de las fincas “Bravo La Sierra”, “Huerta de la roza” y “Praduco tras el molino”, propiedades en las que reconoce a la compañía minera a “efectuar en ellas, las labores que precise para reconocimiento y en su caso explotación, de la arcilla refractaria que en ellas existe”, derecho que empezaba a regir el 1 de mayo de 1927.
Al tratarse de un contrato de exploración, el acuerdo estipula que si la compañía no encuentra arcilla o si la que encuentra no fuera favorable para su explotación, se compromete a rellenar la finca en el primer caso, mientras que si se diera el segundo antes de proceder al relleno debería de consultar primero con el propietario por si a este no le interesara esa opción.
Llama la atención como dos décadas después, el precio que la Real Compañía Asturiana está dispuesta a pagar por la arcilla es inferior al que pagaba Hijos de Guisasola que recordemos era de 4 pesetas por tonelada, mientras la Real Compañía ofrecía un precio por tonelada explotada y transportada fuera de las fincas objeto del contrato, de 3,50 pesetas. Cantidad que quedaba compensada con la aportación fija que recibiría José Gutiérrez, quien se aseguraba 300 pesetas por la finca “Bravo La Sierra”, 200 por la “Huerta de la roza” y 100 por el “Praduco tras el molino”. Cantidades a percibir de forma íntegra a año vencido, por cada año que esas fincas no fueran explotadas, y como garantía se incluía la posibilidad de que si la cantidad de arcilla explotada en un año no cubriera esas cantidades, la empresa completaría en metálico la diferencia. El contrato está firmado en las instalaciones de la empresa en Arnao, y ahí o en la factoría de San Juan de Nieva, se procedería al pesado de la arcilla para fijar luego el precio a pagar al propietario de las fincas.
Plano del Monte Beto parroquia de Santa Cruz de Llanera.
Volviendo al sistema de las subastas, de nuevo en El Noroeste, esta vez del 22 de noviembre de 1903, volvemos a encontrar noticia de una puja de arcilla, de nuevo en la zona del monte comunal denominado Beyo. Esta vez el periódico recoge un anuncio de la Delegación de Hacienda, en el cual se vuelve a fijar el tipo de la subasta en 1.500 pesetas para la obtención de 500 toneladas de arcilla, es decir, a razón de tres pesetas la tonelada, de tal forma que la obtención del material estuviera finalizado el 30 de agosto de 1904.
Veremos un poco más adelante, como en 1916 un concejal del Ayuntamiento de Llanera va a pedir que la corporación autorice la extracción de un determinado volumen de arcilla, con el fin de dar unos jornales a los trabajadores de Santa Cruz, y tanto en esa parroquia como en otras partes del municipio, el trabajo en la extracción y el acarreo va a tener una cierta importancia en unas economías fundamentalmente campesinas, como así lo pone de manifiesto de nuevo Ramón Rayón, cuando da noticia de que de varias propiedades privadas del concejo, entre ellas las de “Jacobo Campo[4] y otras más, se están extrayendo arcillas para productos refractarios, que son vendidas a buenos precios, y como se necesitan muchos carros para el transporte, en él están ocupados la mayoría de los vecinos, que mensualmente ingresan en sus casas buenas sumas de dinero, con lo cual hacen más llevadera la vida; pues no ignoráis que allí se carecía de toda industria”.[5] Haremos luego también una breve referencia a las dificultades económicas, derivadas del conflicto bélico europeo a las que tuvieron que hacer frente los vecinos de Llanera.
La Sociedad Hijos de Guisasola también concurría al sistema de subastas, en ocasiones con algún problema que otro, como así quedó reflejado en el acta de la sesión de pleno del 17 de noviembre de 1923, en la cual se dio a conocer a los concejales un oficio procedente de la Jefatura de Montes, relacionado con un depósito realizado por la sociedad, con el fin de responder a lo exigido en el contrato de subasta de arcillas procedentes del Monte Beyo tantas veces mencionado. Sin que quede claro el origen de la discrepancia, si queda claro que la empresa no puede retirar por el momento, el importe de la fianza y la corporación se da el plazo de un mes a la espera de ver la determinación que tome la Jefatura de Montes, y una vez cumplido ese plazo recurrir a dos abogados para recibir el oportuno asesoramiento.
Una explotación de un recurso sobre el cual los vecinos de la parroquia de Santa Cruz permanecían muy atentos, como demuestra la suspicacia que se levantó en la zona cuando Guillermo Guisasola Vigil, a la sazón consejero delegado de Cerámicas Guisasola, envía al Ministerio de Fomento una solicitud para explotar una mina de hierro, llamada “Fernanda”, ubicada en la zona del Monte Beyo. Esa solicitud llega al ayuntamiento desde el ministerio “a fin de que sean oídos el pueblo o pueblos propietarios del monte a que la ocupación afecta”.
A la vista de esas noticias, los vecinos enviaron una instancia al consistorio manifestando su disconformidad con la petición del representante de la empresa, tomando como fundamento de esa posición la sospecha de que “no es la explotación de hierro la que pretenden, sino más bien extraer y llevar para sus fábricas de cerámica las arcillas que en el mencionado monte existen”, y piden que en el caso de que autorización sea finalmente concedida “lo sea con la expresa condición de no llevar del mencionado monte otras materias que no sean las propias de la mina denunciada y en todo caso que se indemnicen los perjuicios que con este motivo se ocasionen”.
Instalaciones de Cerámicas Guisasola en 1917. Revista Asturias.
La Corporación decide finalmente que el alcalde envíe una carta a Guillermo Guisasola, citándole a una reunión en la parroquia de Santa Cruz, con la asistencia de una comisión municipal formada por el alcalde, Enrique Rodríguez Pérez, y los concejales Manuel García Suárez y Francisco Ablanedo Ablanedo, además del secretario municipal y un vecino de cada uno de los barrios de la parroquia. El acta municipal en este punto se cierra de la siguiente forma: “Mejor pensado se acuerda sea la reunión en esta Capital el próximo sábado cinco de Enero próximo hora quince”.[6]
La reunión tuvo que iniciarse sin la presencia del representante de Cerámicas Guisasola, y los vecinos aprovecharon para transmitir al ayuntamiento su negativa a las pretensiones de la empresa, que no vendrían más que a esquilmar el Monte Beyo de su recurso más preciado. La representación de Santa Cruz estuvo formada por José Alonso Valdés, Felipe González Valdés, Manuel Suárez Vega, Ignacio González Rodríguez, Juan Gutiérrez Gutiérrez y José Fernández Álvarez.
Una vez escuchadas las explicaciones de Guillermo Guisasola, se muestran de acuerdo con la explotación de la mina “Fernanda”, algo que ven como una oportunidad habida cuenta de que “la mayoría de la Parroquia se encuentra en situación precaria”, y los jornales que podía generar esa nueva explotación “reportará grandes beneficios a la misma”. La condición que le ponen a la empresa es el pago de 2,50 pesetas por tonelada de arcilla, un precio sensiblemente inferior a las cuatro pesetas por tonelada que pagaba la empresa en 1906, cantidad de la que había que descontar el 20% para el Estado mientras que el 80% restante tendría que ser invertido “en aquella parroquia para mejoras en la misma, como locales escuela, fuentes, arreglo de caminos, etc”.
Ante el arreglo conseguido entre vecinos y empresa, el consistorio toma la determinación de aceptar los términos del acuerdo, enviando a instancias superiores su conformidad a que le sea concedido permiso a la empresa para proceder a la explotación del Monte Beyo. Sin embargo, el concejal Manuel Díaz González, expuso su disconformidad con el acuerdo, al considerar “muy exagerado el que la parroquia de S[a]nta Cruz se aproveche del ingreso que pertenece a este Municipio por hallarse los pueblos de este Concejo muy necesitados de mejoras”.[7]
Sin embargo la cosa no debió de quedar del todo clara, si hacemos caso de la información publicada en las páginas del periódico El Noroeste el 31 de enero de 1924, al hacer la crónica de la sesión plenaria presidida por el delegado gubernativo, el señor Álvarez Bardón, este hizo una pregunta a los concejales allí reunidos interesándose por el rumbo tomado por el asunto de la explotación de arcillas en Santa Cruz por parte de Cerámicas Guisasola, después de que hubiera llegado a sus manos una denuncia contra el acuerdo de permitir esos trabajos de extracción. El concejal Manuel González, fue el encargado de explicar el asunto al delegado, y señala que la empresa asume pagar 2,50 pesetas por tonelada, además de haberse nombrado una comisión de vecinos para administrar el dinero recaudado.
Veremos en el apartado 4, como en 1925 el ayuntamiento, ante las dificultades para recaudar el dinero que las empresas deberían de pagar por la explotación de la arcilla, va a fijar unas tasas en función del yacimiento. En el caso de Santa Cruz, se va a optar por fijar el precio de la tonelada en cuatro pesetas, mientras que en el resto de zonas de extracción será de 40 céntimos, una diferencia ciertamente llamativa. Siguiendo ese criterio, la corporación presidida por Celestino Tresguerres, recurrirá de nuevo al sistema de subasta dudando si permitir la extracción de 6.000 toneladas o de solo 3.000, optando finalmente por la segunda cantidad al precio de cuatro pesetas, en lo que fue la primera ocasión en la que se fijaba ese precio después de haber aprobado en pleno la ordenanza impositiva correspondiente. Aunque no se especifica el lugar de extracción el precio nos indica que iba a ser en Santa Cruz.[8]
Lógicamente para poder cobrar el canon establecido, era necesario llevar un control lo más exhaustivo posible sobre las toneladas efectivamente extraídas, y de ahí que el concejal Maximino Alonso pidiera a sus compañeros la compra de una báscula particular existente en Santa Cruz, ante el riesgo de venta a una empresa privada y la pérdida de la misma. De la propuesta del concejal se obtiene el dato importante de que el ayuntamiento, solo en Santa Cruz, obtiene “más de 15.000 pts solo de arcilla”. Tresguerres señala su voluntad de hacer lo posible por afrontar esa compra, y pide al proponente y a Eloy Álvarez, que vayan a ver la báscula y estudien su estado y las condiciones de compra.[9]
Para el mes de julio el ayuntamiento aún no había tomado ninguna decisión definitiva al respecto, y eso hace que Maximino Alonso vuelva a insistir sobre el tema, explicando a sus compañeros que la viuda de Jesús Rodríguez tenía intención de vender la báscula “y que nada mejor que la adquiera el Ayuntamiento que con ello podría fiscalizar mejor la arcilla extraída y además favorecería a los vecinos de la parroquia que la utilizarían mediante pago”, y fija en 16.000 las pesetas que ingresa el municipio por la arcilla extraída en Santa Cruz. El alcalde pide de nuevo a Maximino Alonso y a Eloy Álvarez, además de a Maximino Díaz, que examinen la báscula y pidan precio a la propietaria.[10] La compra debió de resultar exitosa ya que en una sesión posterior se habla de la existencia de una báscula municipal en Santa Cruz, como veremos ahora mismo.
El Noroeste, 22 de marzo de 1917.
De las condiciones a cumplir por parte de las industrias que concurrían a las subastas municipales de arcilla, tenemos un expresivo testimonio en el acta del pleno del 23 de abril de 1927. En esa sesión se aprueban los pliegos de subasta existentes hasta ese momento, introduciendo algunas modificaciones, empezando por el precio que pasaba de las cuatro pesetas al duro por tonelada, con una fianza de 1.000 pesetas, corriendo de cuenta del adjudicatario “todos los gastos de la subasta, impuestos y contribuciones que de ella se deriven, incluso del 10% al Estado de aprovechamientos forestales”. Asimismo, el pesado de la arcilla era obligatorio realizarlo en las básculas municipales de Santa Cruz o de Posada, y los carreteros serán multados con 25 pesetas por cada tonelada que excediera de las 4.000.[11]
El precio fijado de cinco pesetas debía de resultar una cantidad elevada para cualquier empresa, teniendo en cuenta que en 1926, como hemos visto con anterioridad, la Real Compañía Asturias de Minas firmaba un contrato con un vecino de Santa Cruz, comprometiéndose al pago de 3,50 pesetas la tonelada. Es posible que esa fuera la razón por la que la subasta convocada por el ayuntamiento para el mes de junio, quedara finalmente desierta después de que se hubiera recibido únicamente la oferta de Adolfo León, la cual no cubría el mínimo fijado en las condiciones de la subasta. El pleno acuerda por unanimidad volver a anunciar la subasta “con las mismas condiciones y facultar a la Permanente para que gestione la venta de arcilla al precio que sirve de tipo de subasta, y hasta que ésta se verifique”.[12]
Dentro del seguimiento que hace la prensa gijonesa de la vida municipal de Llanera, nos encontramos en el mes de marzo de 1931, sendas informaciones en las páginas de El Comercio y de El Noroeste, haciéndose eco de la sesión plenaria del lunes 23 de marzo, en la cual se toma la determinación de convocar una subasta, esta vez fijando el precio en 2,50 pesetas la tonelada, la mitad del precio fijado en la de 1927 y que había quedado desierta. Esta vez, la cantidad de arcilla a extraer se limitaba a 2.000 toneladas en la zona del Monte Beyo.[13]
3. Dimensión social
Además de la vertiente empresarial y municipal, la explotación de la arcilla también tenía un vertiente social, en tanto en cuanto servía para proporcionar jornales a la población de una parroquia que estaba muy necesitada de ellos en las primeras décadas del siglo XX.
Salarios bien recibidos habida cuenta de las dificultades por las que pasaba la población en general durante los años de la Primera Guerra Mundial, a pesar de tratarse España de un país neutral, posición que no libró a la nación de sufrir fuertes tensiones inflacionistas que dispararon los precios de artículos de primera necesidad. Para el caso concreto de Llanera contamos con algunas informaciones publicadas en la revista Asturias, editada en La Habana, y firmadas por Ramón Rayón, quien en esos momentos ocupaba el cargo de secretario del juzgado de Posada de Llanera.
Para el año 1916 Rayón cifra el aumento en el precio de la carne desde las 1,50 pesetas hasta las 3,50 pesetas el kilo; los garbanzos de 0,60 céntimos habían pasado a las 1,50 pesetas, las patatas de una peseta se habían puesto en 2,25, y el quintal de carbón de 1,10 se había disparado hasta las seis pesetas. Esos precios, tal y como afirmaba Ramón Rayón, obligaban a las amas de casa a “eliminar de la cocina o despensa algunas de las más provechosas y nutritivas cosas necesarias al sustento”.[14]
Una de las parroquias en la que más se hicieron notar las dificultades de ese periodo, fue precisamente en la de Santa Cruz, una zona además de fuerte emigración, como así lo puso de manifiesto el concejal Ramón Flórez Rodríguez, en la sesión plenaria del 29 de enero de 1916, cuando pidió tramitar una petición a la Delegación de Hacienda con el fin de conseguir autorización para sacar a subasta la extracción de 4.000 metros cúbicos de arcilla al año en terrenos pertenecientes a la parroquia y “por el mayor número de años posible con el fin de facilitar trabajo a los obreros de la localidad tanto en la extracción como en los transportes”.
El argumentario de la moción es suficientemente expresivo de la situación que atravesaba la parroquia: “Que devido [sic] a las insuficientes cosechas que recolectan como labradores los vecinos de la parroquia de Sta Cruz de Llanera, y el aumento del valor en los artículos de primera necesidad atraviesa este vecindario una situación critica y angustiosa por la cual la mayoría de la juventud se ve precisada a acudir a la emigración, quedando tan solo para las faenas agrícolas los ancianos, mujeres y niños suponiendo con tal motivo una merma alarmante las cosechas de granos y legumbres insuficientes para el consumo de esta localidad”.
Los ingresos obtenidos, una vez satisfechos los pagos oportunos a la administración estatal, el concejal propone a sus compañeros dedicarlos a “atender las demandas de este ayuntamiento respecto de casos para Escuelas, caminos vecinales, fuentes públicas, y demás servicios municipales”. La corporación acordó por unanimidad apoyar la propuesta de Ramón Flórez y enviar a la mayor brevedad posible la petición a la delegación provincial de Hacienda.[15]
Instalaciones de Cerámicas Guisasola en una imagen de 2017. Foto del autor.
Los vecinos de Santa Cruz no veían en la explotación de la arcilla únicamente una fuente de salarios en una parroquia empobrecida, sino que también la van a ver como una forma de obtener recursos para mejorar los servicios educativos. Así queda puesto de manifiesto en la instancia que varios vecinos remiten al pleno municipal, en el mes de abril de 1917 pidiendo la construcción de una escuela de niñas en la parroquia y se emplee en ello el “treinta o el cuarenta por ciento del producto líquido que se ingrese en las arcas municipales con motivo de la subasta de arcillas refractarias que tendrá lugar el día doce del actual”. La corporación en pleno acordó dedicar el 40% de lo recaudado a levantar esa escuela. La subasta se había anunciado para el día 12, por lo que en el momento de celebrarse el pleno, los concejales ya sabían cual había sido el resultado de la misma.[16] La intención del ayuntamiento era la de subastar 2.000 metros cúbicos a extraer en el Monte Beyo, por un precio de 6.000 pesetas anuales.[17]
Dos años después, en 1919, Santa Cruz contará con una nueva escuela de niños en La Báscula, aunque no sabemos si en la financiación de la misma se emplearía algún dinero procedente de esa subasta de arcilla, sí sabemos, gracias al concienzudo estudio que ha hecho de las escuelas en Llanera, Chema Martínez, que desde ese momento la enseñanza en la parroquia deja de ser mixta, para seguir las niñas en el antiguo edificio levantado en el campo de la iglesia, y pasar los niños a esa nueva ubicación, hasta que en la postguerra civil se vuelvan a reunir niños y niñas en Anduerga, en el edificio que hoy ocupa el Centro Sociocultural de la parroquia.[18]
4. El resto del concejo
Como señalábamos el principio de este artículo, Santa Cruz no era la única parroquia en la cual se explotaban las arcillas, como demuestran varios testimonios recogidos en las actas de las sesiones plenarias del Ayuntamiento de Llanera, de las cuales citaremos algunas a título de ejemplo, y por la información que dan acerca de distintos aspectos, aún saliéndonos del marco central que nos hemos fijado.
En el año 1919, los concejales José González Solares, Manuel Vega Álvarez y Víctor Rodríguez Ablanedo, interpelan al alcalde, Joaquín Palacio Muñiz, acerca de las condiciones en las que está funcionando el cable noria instalado por la Sociedad Hijos de Guisasola, y cuáles regulan la explotación de las arcillas de la parroquia de Ables. El alcalde promete darles respuesta en 15 días. Lamentablemente no sabemos cual fue la respuesta si es que la hubo, pero de este acta ya sabemos de la existencia de un cable aéreo que estará en funcionamiento durante muchos años.[19]
De la importancia económica que tenía para un concejo menguado en ingresos, la explotación de la arcilla, tenemos un testimonio muy gráfico en el acto del pleno del 4 de agosto de 1920. En ella se discute la solicitud presentada por Ruperto Menéndez Prendes, vecino de la calle ovetense Gil de Jaz nº 6, para explotar 65.495 metros cuadrados de terreno en la parroquia de Rondiella “en el Monte denominado Cantera Cebea”,[20] y extraer las arcillas existentes en la “concesión minera llamada Rosales”, para lo cual acompaña la solicitud con una memoria y un plano de la zona que desea explotar.
El secretario municipal recogió en el acta de la sesión el interés de la corporación por atender esta petición, toda vez que se considera de “grandísima importancia para los intereses de los pueblos la explotación de la arcilla que en sus montes existe”, y al carecer tanto los vecinos como el consistorio, de los medios necesarios para proceder a su explotación de una forma directa “le es muy beneficiosa dicha explotación llevada a cabo por una sociedad fuerte como la Industrial Asturiana que dispone de recursos para sufragar todos los gastos, que se origine”, eso sí “previo al abono de la indemnización por la superficie que se ocupa y que se estipule en el expediente de ocupación de terrenos que oportunamente se incoe y previo el pago legal que corresponde tanto al Estado como al municipio”. La mayoría del pleno vota a favor de la petición, mientras que tres concejales piden que la explotación se haga por el método de la subasta.
Una explotación que pronto presentó algunos problemas con el ayuntamiento, como demuestra el acuerdo tomado en el pleno del 26 de enero de 1924, de imponerle a la empresa el pago de una peseta por tonelada extraída en Rondiella, y se le pide que de el dato del volumen de arcilla obtenida para proceder al cobro de la cantidad resultante. El requerimiento municipal encuentra respuesta por parte de la Sociedad Industrial Asturiana, y reconoce haber extraído de los montes de Rondiella 1.600 toneladas de barro. Por la parte municipal se toma el acuerdo de concertar una entrevista a la que acudirán el alcalde y el primer teniente de alcalde, con el director de la factoría lugonina, para estipular “los precios de la extracción hecha y si ha de conformar por ser muy beneficiosa para este concejo, pues además de los ingresos Municipales, reporta múltiples beneficios á los trabajadores, así como a la Hacienda pública”.[21]
El acuerdo no debió de cumplirse a satisfacción del Ayuntamiento de Llanera, y en El Noroeste se recoge la determinación tomada por la administración local de reclamar a la empresa, que proceda al abono del importe estipulado por la extracción de arcillas en la proximidades de la capital municipal.[22]
Ese mismo año Jesús Rodríguez, se dirige al ayuntamiento con el fin de obtener permiso para sacar arcillas de unos terrenos propiedad de Carlota Casaprin. Los concejales observan que la instancia no está debidamente redactada, por lo que deciden dirigirse a la Jefatura de Minas para que esta estudie la solicitud y tome la decisión que estime oportuna. El acta incluye un añadido posterior al cierre de la misma, en la que se vuelve a insistir en la importancia que para el concejo tiene la explotación de esa arcilla, y se acuerda permitir a la empresa sierense seguir con la explotación en Rondiella, por un precio de 35 céntimos la tonelada “ingresando ya el importe de las mil seiscientas extraídas, previo el pago del veinte por ciento a la Hacienda cual le corresponde”.[23]
De las actas municipales se traslucen las dificultades que tenía el Ayuntamiento de Llanera para conseguir que las empresas explotadoras de la arcilla contenida en el subsuelo municipal, afrontaran el pago de los cánones establecidos. Hemos visto con anterioridad un roce con Cerámicas Guisasola a cuenta de la explotación en el Monte Beyo, situación que se reproducirá en 1925, y que obligará al pleno municipal a tomar cartas en el asunto. Así, en la sesión extraordinaria del 18 de marzo uno de los asuntos a tratar fue el hecho de que varias empresas, entre ellas la radicada en Cayés y la sierense Industrial Asturiana, “extraen arcillas en los comunes del concejo, y no parecen ingresar en arcas municipales cantidad alguna”. El pleno municipal acuerda nombrar una comisión formada por dos concejales, junto con el alcalde y el secretario, para visitar la zona de Regidorio, en la parroquia de Ables, donde Cerámicas Guisasola extraía arcilla, para conocer la situación sobre el terreno y de las averiguaciones que se hagan se dará cuenta al pleno, algo de lo que no ha quedado constancia de que se llegara a hacer.[24]
En un intento por poner orden en una situación anárquica, el ayuntamiento toma la determinación de fijar una tasa por la extracción de la materia prima en los yacimientos del concejo, fijando una tasa de cuatro pesetas por tonelada en Santa Cruz, mientras que la misma cantidad extraída en Ables, Rondiella y Lugo tendría un coste de 40 céntimos. Ignoramos los parámetros en los que se basaron en aquel momento para hacer esa valoración tan desigual.[25]
Las actas municipales también dejan constancia del interés mostrado por particulares por la explotación de las arcillas, o bien por iniciar la actividad de fabricación utilizando esa materia prima. Así, en la del 2 de abril de 1921, el vecino de Lugo de Llanera, Mariano García Asenjo pide permiso al ayuntamiento para “empezar los trabajos en una tejera de campo en los parajes de Cárcaba y Mundín”, permiso que le es concedido “dejando á saber los intereses que corresponden á la delegación de Hacienda con intervención de Jefatura de Montes”.
La misma persona, pedirá dos años después, la concesión de 20 hectáreas “de terreno en el monte comunal La Felguera y Mundín”, con el fin de “extraer productos arcillosos o tejera de campo para industrias de ladrillo y teja”. La petición no llegó a discutirse al retirarla el propio interesado sin que consten las razones para ello.[26]
Hasta aquí este breve y somero repaso a la explotación de un recurso natural del concejo, de gran importancia económica y social para el municipio y para las parroquias en las cuales estaban enclavados los yacimientos arcillosos, aunque los testimonios más expresivos de ello estén referidos a la de Santa Cruz, seguramente los vinculados a los jornales devengados tanto a trabajadores como a transportistas, eran igualmente importantes en el resto de parroquias. Sirva este artículo como un primer testimonio de ello.
Vecinos de Villayo en una imagen publicada en la Revista Asturias en 1918.
5. Bibliografía
BENITO DEL POZO, P. y CRABIFFOSSE CUESTA, F. (1998): Cerámicas Guisasola “La Estufa) 1868-1982, Ayuntamiento de Llanera, Cayés.
REQUEJO PAGES, O. (2007): Hornos de La Venta del Gallo, Cayés Llanera, en Astures y romanos en el Principado de Asturias: Nuevas aportaciones y perspectivas, RIDEA, Oviedo, pp. 114-131.
(2007): Noticia sobre el descubrimiento de los hornos romanos de La Venta del Gallo (Cayés, Llanera, Asturias), Memoria de las excavaciones arqueológicas en Asturias 1999-2002, Consejería de Infraestructuras y Política Territorial, Principado de Asturias, pp. 305-310.
RODRIGUEZ MARIBONA, J. (2014): La tejera de Villayo, La Piedriquina Anuario nº 7, Asociación Cultural y Recreativa La Piedriquina, Las Regueras, pp. 40-50.
(2015): Las tejeras de Villayo y Santa Cruz, La Piedriquina Anuario nº 8, Asociación Cultural y Recreativa La Piedriquina, Las Regueras, pp. 80-95.
6. Revistas y periódicos
Revista Asturias.
El Noroeste.
El Comercio.
7. Otras fuentes
Actas de las sesiones plenarias del Ayuntamiento de Llanera.
Registro del levantamiento del plano del monte público denominado “Cantera Cebea y Cogolla” sito en el término de Llanera. Año de 1889 á 1890.
Instituto Geográfico Nacional.
Trabajos de rectificación del catálogo de montes públicos. Monte Beyo, (1889-1890).
[1] El Rácing de Cayés se fundó en el año 1973 en su segunda época, y durante las seis primeras temporadas tuvo que disputar sus partidos en el campo de La Huelga en Posada, para pasar luego a jugar en Forniella, según la información recogida por Abel González en su libro Crónica de fútbol 1910-2005.
[2] Al lector interesado le remitimos a la lectura de sendos artículos de Julio Rodríguez Maribona, publicados en los anuarios de La Piedriquina, números 7 y 8, publicados en el mes de marzo de 2014 y 2015, respectivamente.
[3] Agradecemos a Pilar y Ángel de Casa Marulla de Santa Cruz, el habernos facilitado estos dos contratos.
[4] Con el nombre de esta persona parece haberse cometido una errata, ya que sabemos por la documentación del levantamiento del plano del Monte Beyo, en Santa Cruz, realizado entre 1889 y 1890, que en esa zona tenía una propiedad Jacoba Campo.
[18] Para este asunto remito al lector a sendos artículos publicados por Chema Martínez en los números 4 y 5 de la Revista Perxuraos, correspondientes a los años 2015 y 2016, respectivamente.
[20] Se trata de una zona conocida como Cevea y Cogolla en los alrededores del actual centro de testaje en el lugar de Abarrio, a las afueras de la capital municipal.
[21] El acta de esta sesión plenaria aparece sin fechar. Está recogida entre un acta del 7 de abril de 1924 y otra del 17 de mayo.
En la entrada inmediatamente anterior a esta, me ocupaba de los trámites que se siguieron para la construcción de un nuevo campo santo en la parroquia de Villardeveyo, ante la saturación que estaba sufriendo el antiguo. A esa necesidad tuvo que contribuir de manera determinante la epidemia de difteria que a finales del siglo XIX vino a provocar un incremento de la mortalidad en la parroquia.
Vista de Villabona desde Veyo. Foto del autor.
Para ponernos en contexto, tal y como señala la Organización Mundial de la Salud, la difteria es una enfermedad causada por una bacteria de transmisión aérea o por contacto físico directo, que afecta principalmente a la garganta y vías respiratorias superiores, además de producir una toxina que afecta a otros órganos. Los síntomas principales son dolor de garganta, fiebre baja y glándulas inflamadas en el cuello.
Conocido el enemigo, la primera noticia de la aparición de la enfermedad en la parroquia de Villardeveyo, la encontramos en un acta del pleno municipal celebrado el 19 de septiembre de 1896. En ella se recoge el acuerdo al que llegan los concejales para la compra de una jeringuilla «para inyectar el suero Rox a los diftéricos y entregarla al Médico Municipal». La redacción sucinta del acuerdo no da la impresión de que el municipio se estuviera enfrentando a una epidemia de gran importancia.
Fragmento del acta del pleno del 19 de septiembre de 1896.
Sin embargo, el hecho de que el asunto vuelva a tratarse en varios plenos entre finales de 1898 y abril de 1899, nos dibuja otro panorama y ahí ya sí, se nos traslada la importancia que la enfermedad tiene para una parroquia que, no lo olvidemos, contaba en ese momento con una gran población tanto estable como flotante, habida cuenta del importante número de trabajadores empleados tanto en el ferrocarril como en las minas de Santofirme, lo que les convertía en potenciales focos de expansión de la enfermedad.
Después de que el ayuntamiento llevara desde el mes de agosto sin convocar ni una sola sesión plenaria, la del 10 de diciembre de 1898, se abrí precisamente con la epidemia de difteria que ya llevaba al menos dos años activa. En el pleno, presidido en ese momento por Ramón García Miranda, se dio cuenta a los concejales presentes de una comunicación del médico titular del municipio, Antonio Asúnsolo, a la vista de la extensión que estaba cogiendo la epidemia de difteria que había empezado a propagarse «y estaciona en varias parroquias de este concejo y en particular en la de Villardebeyo».
Acuerdo de la corporación para comprar desinfectante para hacer frente a la epidemia de difteria. Pleno del 10 de diciembre de 1898.
La preocupación se deja sentir y, a pesar de la mala situación económica del municipio, los concejales acuerdan dedicar una cantidad económica, cuya cuantía no aparece recogida en el acta de la sesión, para «proporcionar medicamentos desinfectantes, con cargo al capítulo de Imprevistos por no haber consignación en el capítulo correspondiente».
La forma en la que el ayuntamiento gestionó la pandemia, provocó que en abril de 1899, concretamente el día 9, se recibiera en el consistorio una comunicación del Gobierno Civil, en la que el gobernador expresaba su sorpresa por no haber sido comunicado el brote de difteria en el concejo, teniendo en cuenta que se había extendido «hasta el punto de producir defunciones que han alcanzado al vecindario».
Ello motiva que el gobernador decida que el Inspector provincial de sanidad visite el concejo para analizar el estado de la enfermedad y redacte un informe al respecto y, una vez vista la extensión de la enfermedad, convocar a la Junta Municipal de Sanidad para tomar todas las medidas necesarias para evitar la propagación de la misma.
La respuesta municipal a este requerimiento, fue la de convocar a la Junta Municipal de Sanidad para el día siguiente, 10 de abril, presidida por el alcalde y con presencia del inspector provincial, Dionisio Cuesta Olay. En esa reunión, la junta acordó facilitar toda la información disponible y colaborar en la visita que el inspector iba a hacer a la parroquia más afectada por la enfermedad.
Fragmento del acta de la Junta Municipal de Sanidad del 10 de abril de 1899.
Tal día como hoy, 14 de abril, pero de 1899, tenemos la última noticia sobre la epidemia en un acta de la Junta Municipal de Sanidad. En ella se deja constancia de la visita de Cuesta Olay a Villardeveyo, donde pudo ver como el médico municipal, Antonio Asúnsolo, «había llevado con pericia y oportunidad que reclaman siempre los síntomas funestos de la terrible enfermedad que con el nombre de difteria arrebata la vida a tantos seres inocentes que constituyen el encanto de las familias.»
Los elogios del inspector, si hacemos caso del acta del pleno, no terminaron ahí, sino que «la Junta local de sanidad cumplió con celo y energía todos los preceptos de la higiene y de la salubridad pública», para, a continuación explicar a grandes rasgos las características de la enfermedad y «los procedimientos que la ciencia aconseja en estos casos para combatir el mal y dictó las reglas necesarias para conseguir la profilaxis general y evitar la difusión, el contagio y la epidemia del mismo.»
Parte final del acta de la Junta Municipal de Sanidad del 14 de abril de 1899.
En esa sesión monotemática, el inspector insistió en la necesidad de cumplir con las normas de higiene pública «y no permitir la apertura de la escuela de la parroquia en cuestión durante seis o siete semanas después de haber desaparecido en absoluto la enfermedad», para terminar su alocución a los presentes diciendo que «después de lo expuesto nada tenía que añadir, atendiendo a que estaba cumplida en todas sus manifestaciones la higiene que incumbe al servicio público».
Como ya vimos en la entrada anterior, en ese mismo mes de abril el párroco de Villardeveyo, solicitaba al pleno municipal la concesión de un emplazamiento para levantar un nuevo cementerio parroquial.
En la entrada inmediatamente anterior a esta, me ocupaba del proyecto de construcción de un nuevo camposanto para Pruvia el cual, muy probablemente, nunca llegó a construirse lo que obligaría, ante la situación de saturación, a labores de saneamiento del terreno, extracción de restos antiguos y poder así seguir dando servicio a la parroquia.
Nos movíamos entonces entre los años 1895 y 1896, y unos años después, concretamente en 1899 serán los vecinos de la parroquia de Villardeveyo quienes demanden de su ayuntamiento la búsqueda de un terreno en el que abrir un nuevo cementerio habida cuenta de la necesidad existente en ese lugar.
El 29 de abril de 1899 el pleno municipal se reúne para tratar el único punto del orden del día, que no era otro que el de dar lectura de una comunicación enviada al consistorio por el gobernador civil fechada cinco días antes, en la cual se informaba del envía a la máxima autoridad de la región, de una instancia firmada por el párroco de Villardeveyo, solicitando «se le conceda el emplazamiento de un nuevo cementerio».
Detalle del acta del pleno del 29 de abril de 1899.
Leída esa comunicación por el alcalde, Ramón García Miranda y Ablanedo, el pleno acuerda dar permiso a los vecinos de la parroquia «para que previas las formalidades legales, empiecen las obras una vez que son de urgente necesidad», como afirmaba el párroco en la instancia enviada al gobernador provincial. Es posible que el hecho de saltarse al ayuntamiento para recurrir directamente al gobernador, tuviera que ver con algún intento anterior, del que no nos ha llegado constancia, de solicitud al consistorio y que éste no hubiera atendido la petición vecinal.
Final del acta del pleno con las firmas de los concejales asistentes al mismo. No aparece la firma del alcalde.
La tramitación municipal volvió a llevar el asunto al plenario, esta vez el 2 de septiembre del mismo año de 1899, y de nuevo como único asunto a tratar por los concejales. En el mismo, será un edil, Ramón Martínez Coto, quien vuelva a poner sobre la mesa la necesidad de fijar «el emplazamiento de un nuevo cementerio católico», ya que al parecer el existente hasta ese momento «se halla completamente lleno de cadáveres y no reunir las condiciones higiénicas». Las mismas razones que habían esgrimido los vecinos de Pruvia en su petición unos años antes.
Con esa intención, una comisión municipal había recorrido la parroquia con el fin de buscar la nueva localización del equipamiento mortuorio, y se analizaron las condiciones de dos terrenos, uno «en el punto nominado Hero debajo De la Iglesia», y otro identificado como «Camperón en la hería de Barradiello, todo terreno propiedad de Don José Díaz y Díaz del Río de dicha parroquia», tal y como se puede leer en el acta del pleno.
Fragmento del acta del pleno del 2 de septiembre de 1899 donde se citan los terrenos examinados para construir el nuevo cementerio de la parroquia de Villardeveyo.
El primero de ellos, el Hero bajo la iglesia, presentaba los inconvenientes de no reunir «las circunstancias geológicas por hallarse en una situación demasiado pendiente y falta de viento Norte».
Mientras que el Camperón parecía más favorable al estar elevado al Norte, lo que favorecía que los vientos dominantes soplaran en dirección contraria al caserío, además de ser un terreno de naturaleza «silicio-calcárea y que reúne las condiciones legales para el objeto y que en sus inmediaciones no existen corrientes de aguas superficiales que puedan perjudicar a la salubridad pública».
Por todo ello, la comisión enviada sobre el terreno consideraba que esa ubicación era la mejor al reunir «unas excelentes condiciones para el objeto, tanto de capacidad como higiénicas».
Final del acta en la que se ponen de manifiesto las bondades del Camperón para acoger el nuevo cementerio de la parroquia.
En el siglo XIX se va a producir la construcción o remodelación de muchos de los cementerios de nuestro país, una vez que el espacio en el interior de las iglesias, lugar habitual de inhumación, se va colmatando hasta el punto de obligar a cerrar un buen número de ellas al culto, debido a los malos olores generados por la acumulación de cadáveres en su interior.
La normativa que regula las construcción de camposantos obligaba a buscar terrenos en los que se pudieran excavar tumbas de al menos dos metros de profundidad, alejados de viviendas, que los vientos dominantes fueran contrarios a los lugares habitados para evitar la llegada de posibles olores, y que no hubiera corrientes de agua próximos que pudieran llegar a contaminarse y generar un problema de salubridad a la población que dependía para el suministro de agua de fuentes cuyas aguas son de origen subterráneo o de corrientes de agua superficiales de distinta entidad. De ahí la importancia de evitar que un cementerio pudiera llegar a contaminar ese suministro de agua, y evitar así enfermedades infectocontagiosas como el cólera o el tifus.
Nuestro concejo no fue inmune a esa tendencia a la construcción de nuevos camposantos, como podemos ver en las actas municipales de finales del siglo XIX, en las que podemos encontrar noticias acerca de, al menos, la intención de llevar adelante esas construcciones en al menos dos de nuestras parroquias, como son Pruvia y Villardeveyo. A la primera dedicaremos este artículo y dejaremos la segunda para uno próximo.
El 21 de diciembre de 1895, el alcalde dio cuenta en el pleno municipal de una queja de los vecinos de Pruvia acerca de las malas condiciones en las que se encontraba el cementerio «por ser insuficiente y hallarse completamente saturado de materia orgánica el actual», ante lo cual el pleno decide encargar al maestro de obras Ulpiano Muñiz Zapata el levantamiento del plano de la nueva necrópolis y convocar una reunión de la Junta Local de Sanidad.
Detalle del acta de fecha 21 de diciembre de 1895.
Parece una inocentada pero no lo es, decir que el 28 de diciembre se reunió la Junta Municipal de Sanidad para tratar un único punto del orden del día: el nombramiento de una comisión que tendría la misión de buscar un nuevo emplazamiento para el cementerio de Pruvia.
Unos días antes, el 25, el plenario municipal había acordado llevar adelante esa iniciativa, y ahora se acordó formar una comisión integrada por Froilán Menéndez Prado y Rafael Álvarez García, ambos miembros de la Junta Municipal de Sanidad, para que giraran una visita a la parroquia y analizar la idoneidad de una finca situada en Los Peñones y cerciorarse especialmente «si puede darse [a] las sepulturas el máximo de profundidad que está prevenido e informarse respecto a las condiciones ecológicas e higiénicas del terreno».
Acta de la reunión de la Junta Municipal de Sanidad del 28 de diciembre de 1895.
Esa Junta de Sanidad volverá a tratar el asunto el 18 de febrero del año siguiente, con el fin de que los dos encargados de estudiar el terreno presentaran las conclusiones extraídas en su visita, conclusiones que no pudieron ser más favorables ya que los vientos reinantes eran contrarios a las viviendas más próximas, el terreno permitía dar a las sepulturas profundidad suficiente y no existían corrientes de agua susceptibles de contaminación. Por todo ello la comisión «tiene el pleno convencimiento de que el punto elegido llamado los Peñones para el emplazamiento del cementerio tiene las más excelentes condiciones para el objeto, tanto de capacidad como higiénico».
Once días después de esa sesión, el alcalde, Ramón García Miranda y Ablanedo, popularmente conocido como Ramonín de Puga, informaba al pleno de la apertura del correspondiente expediente para seguir adelante con la tramitación administrativa que llevara a la construcción de nuevo cementerio de Pruvia, punto que fue aprobado por unanimidad por los concejales presentes, así como hacer una consignación presupuestaria en las cuentas municipales en una cantidad sin especificar, y elevar ese presupuesto al gobernador civil para que éste diera su visto bueno.
En esa sesión plenaria se informa de que la finca de Los Peñones tenía una superficie de 1.200 metros cuadrados, extensión que «permitirá dado el número de defunciones anuales que se calculan no ser necesario remober [sic] restos mortales durante un periodo de veinte años».
Acta de la sesión plenaria del 29 de febrero de 1896.
El gobernador civil fue sensible a la petición municipal, como se pone de manifiesto en el pleno del 11 de junio de 1896, en la que se afirma que el proyecto cuenta con el visto bueno del gobernador, por lo que se decide incoar un expediente de expropiación forzosa del terreno en el que está previsto levantar el nuevo cementerio, al no existir acuerdo con la propietaria del mismo y vecina de Oviedo, Amalia González de Candamo.
Como dijimos antes, se trataba de una finca de 1.200 metros cuadrados llevada en régimen de colonia entre José Casaprín y la propietaria de la misma, en la que además del espacio destinado al último descanso de los fallecidos, se tenía previsto levantar un depósito de cadáveres, una capilla y una casa para el capellán. Lamentablemente, de este asunto no ha quedado más rastro en la documentación de las actas de los plenos municipales o de la Junta de Sanidad.
La posible construcción de un nuevo cementerio en Pruvia se trató por última vez en el pleno del 11 de julio de 1896.
Un conflicto entre los vecinos de la parroquia y su párroco en 1919, y del que se hizo eco el periódico El Noroeste, nos aporta otra información importante acerca de este camposanto y que no es otra que el mismo no era propiedad De la de la iglesia, sino que la misma recaía en los vecinos al haber sido ellos quienes habían levantado el mismo, como pone de manifiesto el vecino Florentino Pardo Trabanco en la carta que aparece publicada en la edición del 31 de octubre de 1919, explicando como el cura Jesús González, quiso conceder la propiedad de una de las tumbas a un vecino de la parroquia lo que levantó las protestas de los vecinos, al considerar que el párroco estaba ejerciendo un derecho que no le correspondía, impidiendo con ello, además, que pudieran enterrarse los restos de la hija de un convecino.
Por lo que afirma Florentino en su carta, el párroco reaccionó de forma poco educada y, al parecer, respondió a los vecinos diciendo: «Me tratan ustedes como a un monterilla, y quiero decirles que el cura de Pruva no teme más que a Dios y a las moscas». Vista la situación, lo vecinos giraron visita al obispo del que obtendrían finalmente el reconocimiento de la propiedad vecinal del cementerio y solución al problema.
Carta del vecino de Pruvia Florentino Pardo Trabanco publicada en El Noroeste el 31 de octubre de 1919.
En el artículo anterior hacía referencia a la decisión tomada por el ayuntamiento presidido por Celestino Tresguerres, de dotar al consistorio de su primer vehículo oficial, y adelantaba que la compra traería consigo una polémica que se arrastraría hasta el año 1932, en el que el asunto se cerró de la manera que vamos a ver.
Una vez concluida la dictadura de Primo de Rivera en enero de 1930, uno de los cambios que vivió la situación política nacional fue el regreso a los ayuntamientos democráticos, muchos de los cuales, el de Llanera incluido, empezaron a revisar todos los acuerdos tomados durante el periodo dictatorial declarando muchos de ellos como lesivos para los intereses municipales y, en nuestro caso, la compra del Peugeot 11 hp fue uno de ellos.
Un coche que, ya durante el periodo de Tresguerres, había sido sustituido por un Fiat, del que no tenemos más detalles, por medio de un acuerdo plenario de marzo de 1929, y que para para marzo del año siguiente aún no había sido pagado en su totalidad, como demuestra el hecho de que en la sesión del 8 de marzo de 1930 la nueva corporación decide suprimir del presupuesto municipal una partida de 3.000 pts «para pago de parte del importe del automóvil Fiat del Ayuntº».
En marzo de 1930 se decide suprimir la partida de 3.000 pts para pago parcial del Fiat.
Apenas una semana más tarde, el asunto saltó a las páginas del diario gijonés El Noroeste, de tendencia republicana y próximo al Partido Reformista, en las que en la edición del día 15 se podían leer con todo detalle el coste que para el ayuntamiento había tenido el vehículo municipal. Así, se decía que el precio del Peugeot había sido de 8.500 pts, el cual se había cambiado por un Fiat «grande, dando, además, 9.000 pts.»
Un coche que a lo que parece «no quiere andar», y en el que se habían gastado 17.500 pts, una cantidad nada despreciable para las exiguas finanzas municipales, a lo que habría que añadir los costes de mantenimiento que estaban entre las 2.000 y las casi 2.500 pts, aparte de hacer frente a los plazos de pago de la compra del vehículo. Según la información contenida en El Noroeste, incluyendo algunos gastos de representación, se habría llegado a las 25.000 pts.
Información sobre los gastos ocasionados por el coche oficial publicada en El Noroeste.
El asunto volvió a llegar al salón de plenos en octubre de ese año 1930, cuando se lee íntegramente el acuerdo del 11 de diciembre de 1926 para la compra del Peugeot. Los concejales presentes acuerdan de forma unánime declarar ese acuerdo como lesivo para los intereses municipales, reservándose el derecho a acudir al tribunal contencioso para «más adelante».
Ante la situación, el consistorio decide poner el vehículo a la venta, y en la sesión del 8 de noviembre de 1930, el concejal José Rodríguez pregunta en qué estado se encuentra el asunto de la venta, recibiendo como respuesta que se está a la «espera que los peritos nombrados vengan a hacer la tasación».
Volvemos de nuevo a las páginas de El Noroeste, esta vez del 20 de febrero de 1931, para encontrarnos con la publicación de un anuncio de la alcaldía, ya regentada por el reformista Severino Coterón, y gracias al cual sabemos que el modelo de Fiat adquirido por el consistorio era un modelo de 1925 con 20 hp de potencia, alguno más que los 11 hp del Fiat de segunda mano al que vino a sustituir, con 6 cilindros, 7 asientos, descapotable y con 2 ruedas de repuesto. El anuncio señala que las ofertas tendrán que superar las 500 pts, y el vehículo se podrá examinar acudiendo a los almacenes municipales.
Anuncio de la alcaldía referente a la subasta del coche Fiat.
La subasta tuvo lugar en el mes de marzo de ese mismo año, tal y como nos informan de nuevo las páginas de El Noroeste, y al parecer, había tres propuestas encima de la mesa. Una subasta que debió de concluir con la venta del coche para chatarra, como podemos intuir de la lectura de las páginas del periódico socialista Avance del 22 de junio de 1932, en las que se informa de la decisión tomada por el ayuntamiento de satisfacer las cantidades que todavía se adeudaban por la compra del «automóvil adquirido cuando la dictadura y que fue subastado para chatarra».
Así se cerraba el asunto del primer coche oficial del Ayuntamiento de Llanera.
Corría el año 1926 en plena dictadura de Primo de Rivera y bajo la alcaldía de Celestino Tresguerres, cuando llega al pleno municipal, concretamente en la sesión del 11 de diciembre de 1926, el asunto de si el ayuntamiento debe de dotarse o no de un vehículo de propiedad municipal, en lo que iba a ser el primer coche oficial con el que contó nuestro ayuntamiento en toda su historia que, por aquel entonces, ya sumaba bastante más de un siglo de andadura independiente.
Encabezamiento del acta de la sesión del 11 de diciembre de 1926.
El primer punto del orden del día de aquella sesión fue el dedicado a la dotación de una partida presupuestaria por importe de 5.000 pesetas, con destino a la compra del vehículo para el servicio del ayuntamiento, punto que fue defendido directamente por el alcalde Tresguerres.
Entre los motivos que éste alegó para justificar ese desembolso económico, estaba el hecho de que el concejo contaba con 11 parroquias «diseminadas en las cuales se están realizando o van a ejecutar obras por administración que hay que inspeccionar», tal y como se recoge en el acta del pleno, unas inspecciones que se veían dificultadas por «falta de medios de comunicación».
Otra de las ventajas que se veía a la compra de un coche, era la de agilizar la visita al terreno de las comisiones municipales que se enviaban para informar acerca de peticiones vecinales que llegaban al ayuntamiento, cuya resolución en ocasiones se retrasaba «porque no siempre puede la comisión informante ir a cumplir su cometido», sigue el acta.
Donde se explicitan algunos de los motivos que aconsejan la compra del vehículo.
Por otro lado, la propia dinámica de la gestión municipal hacía necesarios los viajes a distintos organismos oficiales ubicados en Oviedo, e incluso se generaban desplazamientos oficiales a municipios vecinos. A todo eso se añade la facilidad que aportaría a los propios concejales para desplazarse hasta la capital municipal para participar en las sesiones plenarias «y más aún, el regreso a sus hogares, casi siempre de noche y atravesando horas de carretera».
Todas ellas eran razones que venían a abonar el argumento principal esgrimido por Celestino Tresguerres, que uno era otro que el ahorro que iba a suponer para las arcas municipales, habida cuenta de que si bien «hasta ahora los gastos que los viajes oficiales originaban a la Corporación y empleados, eran satisfechos en su mayor parte del bolsillo particular de cada uno», el aumento en la frecuencia de esos viajes «hace que esos gastos se multipliquen y excedan de las disponibilidades de cada uno, lo que obligará a todos a pasar la cuenta para que, como es de justicia, se abone con cargo al presupuesto que resultará menos gravado si los viajes oficiales se hacen en el auto municipal».
Fragmento del acta de pleno en la que se explicita el modelo de coche que va a adquirir el municipio.
Una vez conseguida la unanimidad de los concejales asistentes a la sesión, se pasó a discutir el modelo de vehículo que podría ser más apropiado para los fines establecidos, llegándose a la conclusión de que la mejor opción, al decir del alcalde, era un «Peugeot 11 H.P., cinco asientos, usado, casi nuevo, que su dueño vende, por haber adquirido un coche mayor». Propietario que al parecer, pedía la cantidad de 8.500 pesetas aunque, eso sí, ofreciendo flexibilidad en el pago.
Modelo Peugeot 172 Bc Quadrilette 1924, 11 hp
Ya en 1926 una de las cuestiones que se valoraron para aprobar la compra del vehículo fue que «es de muy poco consumo», como puso de manifiesto el concejal José Alonso. Las deliberaciones entre los ediles concluyeron con el acuerdo de abonar con cargo al presupuesto en ejercicio la cantidad de 3.500 pesetas, dejando el resto del importe para el año siguiente, siempre y cuando el mecánico al que se le encargara la revisión del vehículo diera el visto bueno al estado del vehículo. Asimismo, se decidió reservar en el presupuesto la cantidad de 2.000 pesetas para afrontar los gastos que ocasionaría el uso del vehículo por la corporación.
Dejamos para un próximo artículo el recorrido por la polémica, que se extenderá hasta 1932, provocada por la compra de ese vehículo.
Fachada del edificio consistorial proyectada por Francisco Casariego. Foto del autor.
El viernes 21 de abril de 2023, se presentó en la Plaza de La Habana de Posada de Llanera el primer número de la revista Cartafueyos de Llanera Revista Cultural del Concejo, en la cual publico un artículo que reproduzco a continuación añadiendo el soporte visual que fue imposible incluir en la publicación en papel ,y que supone sacar a la luz por primera vez los planos completos de un proyecto arquitectónico del que únicamente se tenía noticia por las noticias aparecidas en prensa y las alusiones contenidas en las sesiones plenarias del Ayuntamiento de Llanera.
La apertura
Corría el año 1920 cuando tenemos las primeras noticias acerca de la intención de los responsables municipales, presididos por el alcalde, Joaquín Palacio Muñiz, de proceder a la construcción de un nuevo edificio consistorial, para lo cual el pleno acuerda adquirir un inmueble en Posada con el fin de dedicarla a juzgado y a ayuntamiento, mientras que el edificio que dejaría libre el consistorio se procedería a su reparación para que pudiera acoger el cuartel de la Guardia Civil.
En la toma de decisión de levantar un nuevo edificio consistorial, parece que concurrieron dos circunstancias. Por un lado, la amenaza lanzada por el jefe del contingente de la Guardia Civil instalado en la capital municipal, de suprimir la presencia de la Benemérita si no se le facilitaban unas instalaciones capaces de albergar en condiciones a los agentes y, por otro, la necesidad de mejorar las condiciones de la Casa Consistorial.
Eso queda así reflejado en el acta de la sesión plenaria del 10 de enero, cuyo primer punto del orden del día se centró en dar cuenta a los concejales acerca de una sesión extraordinaria, previsiblemente de la Comisión Permanente aunque no se explicita, llevada a cabo para afrontar este asunto.
Se informa al pleno del ofrecimiento hecho por Rosalía González Ablanedo, de una casa para dar solución al problema “teniendo en cuenta la gran necesidad que existe, por tratarse del caso de alojar la fuerza de la gda [sic] civil”, un asunto que requería atención rápida, toda vez que el mando de la Benemérita amenazaba con “que si en un plazo perentorio no se adquiere donde alojar la fuerza, suprimiría el puesto de este concejo.”
La amenaza no surtió ningún efecto sobre los concejales, y Severino Coterón Menéndez, representante del Partido Reformista, pide que la propuesta de Rosalía González se deje sobre la mesa por espacio de una semana para poder hacer un estudio más detenido de la misma.
La propuesta del reformista, en medio de una corporación dominada por el elemento conservador, fue rechazada por mayoría, decantándose en cambio por acordar el inmueble ofrecido y abonar el importe de 25.000 pesetas propuesto por la propiedad, repartidas en 9.000 a pagar al contado “y las diez y seis pesetas restantes, en obligaciones de dos mil pesetas cada un año con el cinco por ciento de interés anual.”
Fachada lateral del consistorio. Foto del autor.
Asimismo, se acuerda que el inmueble que se pretende adquirir será dedicada a Consistoriales y Juzgado, además de dependencias auxiliares, mientras que el edificio que liberará el ayuntamiento se procederá a su acondicionamiento para su uso como cuartel y caballerizas para la Guardia Civil “y todo lo necesario para ese fin, y que dada la gran necesidad se den principio á las obras lo antes posible.”
Por la revista Asturias y el artículo del por aquel entonces secretario municipal, Ramón Rayón, del 4 de abril de 1920, sabemos que el contingente de la Guardia Civil se encontraba en aquellos momentos acuartelado en Villabona, después de que Fernando Ablanedo, propietario del inmueble que ocupaba el instituto armado hubiera procedido a su venta a la Sociedad Hijos de Guisasola, para la instalación de una botica y de un comercio al por mayor, y de ahí la reclamación del cuerpo de su reubicación.
Como buen conocedor de la realidad municipal, Rayón no evita transmitir las dificultades existentes para que el proyecto salga finalmente adelante debido a la existencia de “una tirantez política tan grande que es causa de no poder efectuarse cualquier empresa que se proyecte”, aunque en esta ocasión muestra su confianza en que se lleve adelante “para el bien de todos.”
Fuera por esa tensión política o por otra cuestión, el caso es que el asunto entró en vía muerta durante unos meses y no será hasta septiembre que se vuelva a asomar al plenario municipal, ya con la presencia de un nuevo alcalde, Manuel Alonso Rodríguez.
Por ese tiempo, la Guardia Civil ya parece haber vuelto a la capital municipal, toda vez que se discute sobre la necesidad de ampliar, como se lee en el acta de la sesión del 4 de septiembre, “en la parte Norte un local para destinar a cocinas para la casa cuartel.” El plenario acuerda llevar adelante las obras y, en el punto siguiente del orden del día, se toma la decisión de requerir a Rosalía González con el fin de firmar la escritura de compra venta del inmueble que el consistorio había acordado adquirir, para lo que se le da un plazo de 30 días. Ya no vamos a tener más noticias sobre el asunto hasta que en plena dictadura primorriverista y bajo la alcaldía de Celestino Tresguerres, se active el proyecto ya con una madurez mayor que hacía presagiar que el municipio podría por fin contar con unas nuevas Casas Consistoriales.
Fachada posterior. Foto del autor.
La polémica
A finales de 1926, concretamente en el mes de diciembre, será cuando se reactive el proyecto de nuevo ayuntamiento mediante la reserva en los presupuestos municipales de 15.000 pesetas ante la “necesidad de construir una nueva Consistorial”, obras que debían de estar en marcha, ya que en el acta del día 11 de diciembre se dice que la cantidad se guarda “a reserva de que la Corporación, en sucesivos presupuestos vote el crédito suficiente para terminar las obras.” Obras que más parecen tener que ver con reparaciones en el edificio ya existente, ya que no será hasta 1929 cuando el plenario vea los planos de lo que iba a ser el nuevo edificio consistorial.
En julio de ese año, concretamente el día 20, el alcalde Tresguerres plantea a sus compañeros de corporación la “gran necesidad de construir una nueva Consistorial y una Casa-Cuartel”, y pide al interventor que explique a los concejales cual es la manera de disponer de los fondos necesarios para ello.
La explicación que ofrece incluye utilizar para ese menester 40.000 pesetas procedentes del superávit del presupuesto de 1928, unidas a las 20.000 reservadas para el mismo fin en las cuentas del año en curso, a lo que se sumaría un crédito por otras 10.000 pesetas destinadas a las obras en el cuartel de la Benemérita. Esas cantidades, según el interventor, serían suficientes para iniciar las obras y se tenía la previsión de finalizarlas gracias al presupuesto para el año 1930. La propuesta del interventor logra el apoyo por unanimidad de la corporación.
Será en el mes de noviembre de 1929, cuando apenas si quedan unos meses para finalice la dictadura de Primo de Rivera, en enero siguiente, y con ella el mandato de los ayuntamientos de ese periodo, el momento en el que se presente a los concejales los planos del nuevo edificio proyectado por el arquitecto Francisco Casariego (Oviedo 1890-1958).
De nuevo Tresguerres vuelve a insistir a sus concejales en la necesidad de llevar adelante la obra del nuevo edificio, para lo cual se hace imprescindible proceder a la compra de un solar capaz de acoger el edificio proyectado por Casariego. El solar que parece más adecuado, tal y como se lee en el acta del pleno del 30 de noviembre, parece ser uno propiedad de Carmen García Martínez, algo con lo que el redactor del proyecto también parece estar de acuerdo y así lo ratifican los concejales por unanimidad.
De nuevo gracias a una publicación editada en Cuba, El Progreso de Asturias, con destino a la comunidad asturiana, como también lo era la revista Asturias que mencionamos anteriormente, sabemos que el proyecto de nuevo ayuntamiento era acogido con suspicacias en la capital municipal, al considerar que “lo que pretender hacer los señores concejales ahora, no es cubrir una necesidad apremiante, construyendo un edificio de tanta cuantía y máxime teniendo en cuenta que el arca municipal no está en condiciones para hacer tan gran desembolso”. Según la memoria económica que acompaña a los planos de Francisco Casariego, el importe total de la obra sería de 151.101,46 pesetas.
Resumen del presupuesto. Foto del autor.
El anónimo cronista de El Progreso de Asturias, que publica la información en su número del 30 de enero de 1930, pide que se utilice el solar vecino a la plaza cubierta, donde antiguamente se llevaba a cabo el mercado de ganado, para dotar a Posada de un parque, teniendo en cuenta que los vecinos “carecen en absoluto de lugares de esparcimiento”, además de cumplir con el compromiso adquirido por el ayuntamiento con el Club Llanera de La Habana “de higienizar los alrededores de la Plaza cubierta, que buena falta hace”, y supondría una “verdadera obra de embellecimiento y de utilidad pública”, concluye el artículo.
Con esas críticas probablemente en mente, la nueva corporación presidida por José González Solares, una vez puesto fin a los ayuntamientos del periodo dictatorial, decide aprobar unos presupuestos municipales en los que se aumenta la partida dedicada a la reparación del viejo ayuntamiento y otros edificios en 2.000 pesetas, y en 5.000 pesetas para los gastos de calefacción. A estas alturas, el edificio de casa cuartel seguía sin construirse como demuestra el hecho de que en ese presupuesto, aprobado el 8 de marzo de 1930, se aumenta de 7.000 a 13.500 pesetas la partida para levantar el nuevo cuartel.
El 19 abril el concejal José Rodríguez, pregunta en pleno acerca de la compra del solar sobre el que supuestamente se iba a edificar el nuevo consistorio, sin que el acta de la sesión recoja si recibió respuesta alguna a su demanda.
Sí es más expresiva el acta del pleno del 28 de junio, presidido por Eugenio Vázquez Rodríguez, si bien tuvo que abandonar el salón de sesiones al tener un interés personal en el asunto de la compra del solar, tal y como le recordó el concejal Severino Coterón, que es quien fuerza el abandono del pleno por parte de Vázquez, quien fue sustituido por el primer teniente alcalde, José González Solares.
Cumplido con ese trámite, se pasa a dar lectura a la escritura firmada el 2 de enero de ese mismo año 1930, otorgada por Carmen García Martínez, ante el notario López Urrutia, por el cual se procedió a la venta de un solar de 3.420 metros cuadrados de superficie, sito en la capital municipal, a razón de 4,75 pesetas el metro cuadrado, con destino a la nueva consistorial.
El presidente de la sesión pide que el pleno denuncie esa escritura “por haber suficientes terrenos propios del municipio”, y amparándose en un Real Decreto publicado ese mismo mes, por el cual se autoriza a los municipios a declarar lesivos todos los acuerdos adoptados a partir del 13 de septiembre de 1923, con el fin de poder recurrir a la vía contencioso administrativa para obtener el resarcimiento que se vea conveniente. El plenario acuerda finalmente intentar una avenencia con la propiedad con el fin de no llegar a la vía judicial, y si este no fuera posible “promover recurso contencioso contra los acuerdos de la Corporación de la Dictadura referentes a la compra a Dña Carmen García de un solar para nueva Consistorial y anular la escritura pública otorgada.”
Detalle del presupuesto adjunto al proyecto. Foto del autor.
El asunto vuelve al pleno el 11 de octubre, para estudiar el informe jurídico que se había solicitado a los abogados José Buylla y Ramón G. López. Ambos letrados coinciden en la procedencia de declarar lesivos los acuerdos tomados al respecto por la corporación presidida por Tresguerres, pedir a los tribunales que declaren la escritura nula, para, a continuación, acudir al juzgado para pedir daños y perjuicios. Así lo acuerda el pleno facultando al alcalde para que en el plazo de ocho días de un poder en nombre del ayuntamiento, a los procuradores Bueres, Cabañas, Pedrosa y Emilio Valdés, además de encargar la defensa al letrado Ramón González López.
En el turno de ruegos y preguntas de esa misma sesión, el edil Severino Coterón, indaga acerca del recuento de la madera adquirida con la finalidad de ser destinada a la construcción de la nueva consistorial, y si fue trasladada al almacén municipal. Al mismo tiempo, se interesó por saber a qué capítulo del presupuesto se imputó ese gasto así como el de los planos. El alcalde le responde que la madera aún está en posesión del vendedor, Manuel Braña, y que los costes de su compra, traslado y de los planos se imputaron al presupuesto de 1929, sin que se explicitara la cuantía de ese gasto.
El asunto de los costes de la madera, volverá a ponerse de manifiesto en el pleno del 8 de noviembre, en el transcurso del cual se discute partida por partida, el presupuesto presentado por el carpintero Manuel Braña, algunas de las cuales son rechazadas. El plenario acuerda abonar 513 pesetas, excluyendo el coste del seguro contra incendios que era de 100 pesetas. El aporte de madera necesitó del viaje de tres carpinteros a Gijón para proceder a su selección y transporte hasta Llanera.
Se da un plazo de 48 horas a Manuel Braña para que acuda al ayuntamiento para ser informado sobre el acuerdo adoptado y, en caso de conformidad, proceder al traslado de la madera o, en caso de disconformidad, acudir al juzgado para que permita el traslado de la madera que aún estaba en su poder, ya que una parte ya se encontraba almacenada en la Plaza de Abastos, donde un recuento realizado por el concejal Celedonio García, había detectado la falta de 200 piezas, ante lo cual se decide iniciar una investigación para intentar averiguar el paradero de las mismas. Un material que volverá a asomarse a las páginas de la prensa socialista, cuando el diario Avance publique el 26 de noviembre, que “continúa almacenada la madera comprada en mal hora por el Ayuntamiento de la Dictadura, para la construcción de la nueva Casa Consistorial”. El municipio asegura que “todavía no se ha recibido el permiso del ministerio de Hacienda para proceder a la subasta, permiso que le fue pedido hace tiempo”, como podemos leer en el mismo artículo. Del destino de la madera nunca más se supo.
Carpeta que contiene el proyecto de casa consistorial. Foto del autor.
El arquitecto
El ayuntamiento, como ya hemos visto, encargó la redacción de los planos al ovetense, Francisco Casariego Terrero (1890-1950), arquitecto y pintor. Dejando de lado esta segunda faceta, decir que estudia arquitectura en Madrid entre 1910 y 1916 al mismo tiempo que estudia en la Academia de Artillería, para más tarde ejercer como arquitecto municipal en Langreo; en 1921 ejerce como arquitecto de catastro; y, entre 1922 y 1940 lo hace como arquitecto municipal de Oviedo.
Cuando le llega el encargo de realizar los planos de un nuevo ayuntamiento para Llanera, ya era un profesional con una importante trayectoria, como demuestra el hecho de que, junto con el ingeniero municipal, Ildefonso Sánchez del Río, había realizado el proyecto del ensanche de varias calles de la capital asturiana, incluyendo algunas intervenciones en la Fábrica de Armas.
De su mano salió una amplia obra arquitectónica, tanto en Asturias como fuera de las fronteras regionales. Como veremos en los planos del consistorio de Llanera, por esos años era un arquitecto caracterizado por la solidez constructiva y el manejo de elementos regionalistas e historicistas como se aprecia en la Casa del Arco Iris, el edificio de viviendas de la calle Uría 25, el Cine Principado en la calle Cabo Noval ya desaparecido, o la colonia Ladreda conjuntamente con Enrique Bustelo, todas ellas obras de los años 20.
Probablemente el proyecto de mayor interés dentro de su obra arquitectónica sean las instalaciones del Orfanato Minero de Oviedo, creado en 1929 gracias al acuerdo entre el SOMA y el gobierno de Primo de Rivera, para atender las necesidades de los huérfanos de la minería. Un adelanto muy importante por lo que tocaba a la atención de los menores, en un momento en el que la siniestralidad minera era muy alta dejando a muchas familias en una situación de extrema vulnerabilidad.
La construcción se inicia en 1931 bajo la dirección del ingeniero de minas, Ernesto Winter, y el proyecto fue obra de los arquitectos asturianos Enrique Rodríguez Bustelo y Francisco Casariego, quienes contaron con la ayuda de Ildefonso Sánchez del Río, en todo lo que tuvo que ver con la estructura de hormigón armado con la que cuenta el edificio. En Llanera sí llegó a construir el edifico de Cerámicas Guisasola en 1947.
Portada del proyecto. Foto del autor.
La fachada principal no sólo se privilegiaba con el pórtico y con el balcón, sino que se añadía una apertura rematada por escudo y con un aparejo de piedra que continuaba el del piso inferior hasta concluir todo el frente con un reloj y un remate en el tejado que recuerda al que podemos ver en el Ayuntamiento de Oviedo, siguiendo modelos historicistas procedentes del siglo XIX ya muy ensayados en la arquitectura de algunos de los ayuntamientos asturianos, como los que hemos mencionado con anterioridad.
En las fachadas laterales se rompe la monotonía del muro continuo, dando un ligero resalte al cuerpo central, hasta el antepecho de sendas ventanas relacionadas con los dormitorios de las dos viviendas que ocupan todo el espacio de la segunda planta, una destinada al conserje del edificio y otra al secretario municipal.
El edificio estaba formado por una planta de sótano con una serie de habitáculos que reproducen la estructura de habitaciones del piso inmediatamente superior. Desde el pórtico se accedía a la planta baja que era la ocupada en su totalidad por las instalaciones del Juzgado Municipal, con un vestíbulo de acceso a cuyos lados se sitúan tanto el despacho del juez como la Depositaría, y con un patio central como elemento organizador del espacio, una sala de juicios, las instalaciones de calefacción y la cárcel municipal la cual tenía un acceso independiente por la parte trasera del edificio para llegar a las dos celdas con las que contaba, y el despacho del secretario municipal.
Planta segunda del edificio proyectado. Foto del autor.
Por medio de unas escaleras se subía al primer piso, destinado a acoger el Ayuntamiento propiamente dicho, con su Salón de Sesiones con salida al balcón sobre la fachada principal, despachos para el alcalde, el secretario, archivo y otras dependencias.
La estructura interna se remataba con un segundo piso dedicado exclusivamente a acoger las viviendas del conserje y del secretario, con sus correspondientes dormitorios, cocinas, comedor y baño, junto con el acceso al reloj. No será hasta los años 60, concretamente hasta 1969 cuando Llanera pueda presumir de tener un nuevo edificio consistorial, que en su día supuso una mejora muy importante y que sigue en uso en este siglo XXI, mostrando ya múltiples carencias que hacen aconsejable pensar en la elevación de una nueva construcción, adaptada plenamente a las necesidades de un municipio en crecimiento y con servicios municipales distribuidos en diferentes localizaciones dentro de la capital municipal.
Plano de la Colonia Industrial proyectada en Pruvia. Diario Región, 6 de febrero de 1931
Ya es casi un tópico que al hablar de Llanera salga a relucir la privilegiada situación geográfica en la que se encuentra, pero eso no hace menos cierta esa afirmación, que viene siendo válida desde que los primeros grupos humanos deambularon por estas tierras, y que luego los romanos convirtieron en un centro neurálgico de su red de calzadas en la región y, ya en el siglo XIX fue ratificada por los nudos ferroviarios de Lugo y de Villabona. En tiempos más cercados el cruce de autopista con autovías y carreteras nacionales, no han sino ratificar ese privilegio geográfico del que disfrutamos.
Lógicamente, los industriales también se dieron cuenta de ello como demuestra la sucesión de noticias que podemos leer fundamentalmente en el diario Región, entre los días 3 y 6 de febrero de 1931, haciéndose eco del interés de medio centenar de productores de bebidas alcohólicas, por abandonar sus ubicaciones en Oviedo para trasladarse a lo que denominaron «colonia industrial», ubicada en terrenos de Pruvia, al pie de la carretera hacia Gijón, y cuyo plano reproducimos en la imagen con la que abrimos este artículo.
Región, 3 de febrero de 1931
La iniciativa de crear esta suerte de antecedente de los polígonos industriales, partió de Sotero Pérez, a la sazón presidente de la Agremación de almacenistas de vinos y fabricantes de licores de Asturias, quien calificó el proyecto como una «necesidad imperiosa», con la idea de «expandir su radio de acción sin las trabas sistemáticas de la que es objeto». Un proyecto además, como escribe el anónimo redactor de Región «responde en todo a las necesidades de la vida industrial moderna que exige gran radio de acción economía para el desenvolvimiento de los negocios».
Con el fin de analizar la viabilidad del proyecto, la junta directiva de la asociación empresarial decide nombrar a cuatro de los asociados, Bonifacio Gutiérrez, Rafael González, Andrés Alonso y Waldo Balbuena, para que hagan estudios y gestiones para que de ahí salga un proyecto «definitivamente realizable».
Región, 4 de febrero de 1931
En las páginas del 4 de febrero, podemos leer en las páginas del mismo diario, una entrevista con el presidente de los almacenistas y productores de bebidas alcohólicas, en la que desgrana algunas de las razones que llevan a la asociación a construir esa colonia industrial en Llanera. Así, apunta hacia unos impuestos excesivos que se pagan en Oviedo: «Nos aplastan, aún no hemos salido de unos, encauzando nuestras actividades, cuando ya se establecen otros», subidas que terminan repercutiendo en el precio de sus productos al público.
Con el trasladado, el presidente de los empresarios, calcula un gran ahorro para las contabilidades empresariales, habida cuenta de que los impuestos de un año en Llanera eran una décima parte de los que se veían obligados a pagar en la capital asturiana
Para llevar adelante la construcción de la infraestructura, Sotero Pérez desvela que se encargaría de ello una sociedad catalana, que sería tanto la encargada de comprar los terrenos como de levantar los almacenes, de tal forma que «ni los fabricantes ni los almacenistas tendrán que hacer ningún desembolso previo», y el pago sería «mensual, contra letras aceptadas».
El colectivo empresarial ya se habría puesto en contacto con el Ayuntamiento de Llanera, para trasladarle la idea, y el presidente afirma en la entrevista que el alcalde les había dado toda clase de facilidades, apuntando hacia unos terrenos considerados como idóneos en la zona de Las Cabañas.
Región, 5 de febrero de 1931
Lógicamente, el periódico ovetense se puso en contacto con el regidor de la capital con el fin de pulsar su opinión al respecto. En ese momento, ocupaba el sillón de primer edil de forma interina, Antidio Mauri. Preguntado por el periódico, Mauri, también presidente de la Comisión de Hacienda del ayuntamiento, manifestó que el traslado de los industriales a Llanera no iba a tener ninguna repercusión negativa en las arcas municipales, ya que «sólo tributan por las ventas que hacen dentro del concejo; la mercancía que expenden para otros concejos no satisfacen por ella arbitrio de ninguna especie».
En La Voz de Asturias, que ese mismo día se hace eco del proyecto de los industriales ovetenses, se recogen algunas declaraciones más del alcalde accidental al respecto. Además de insistir en el hecho de que los industriales pagan por las bebidas que venden, añade que «de seguir abasteciendo a la clientela que tengan en el concejo de Oviedo, no tendrán más remedio que pagar. Los perjuicios, en todo caso, serán para ellos, que tendrá que pagar transportes».
La Voz de Asturias, 5 de febrero de 1931
A esas declaraciones del alcalde ovetense, responde Sotero Pérez de nuevo desde las páginas de Región al día siguiente, y entrando en el desglose de gastos, afirma que el Oviedo las tasas impositivas les suponen un desembolso supresión a las 8.500 pts., mientras que en Llanera se quedarían en poco más de 3.400 pts., suponiendo un ahorro anual en torno a las 5.200 pts. Ahorros que permitirían a los fabricantes de licores «amortizar sus almacenes en 5 años y a los expendedores de vinos en 10 años».
Unos almacenes cuyo coste cifra en 15.000 pts. sin contar el precio del solar, por lo que el montante final «echando muy por largo, no subiría de veinticinco mil pesetas cada uno», en palabras de Sotero Pérez, quien también desvela que la colonia se proyectaba construir sobre una superficie rectangular de 300 metros cuadrados «con comunicación directa a la carretera que va de Biedes a La Campana, la cual enlaza con la de Oviedo-Avilés, y prosigue a unirse con la de Adinero-Gijón, en el punto conocido por Pruvia».
Asimismo, se tendría que construir una vía ferroviaria de 275 metros de longitud que uniera el tendido del Ferrocarril del Norte con la colonia industrial. Una obra cuyo coste no desvela al «hallarse supeditado a los gastos de expropiación, facilidades otorgadas por la Compañía y trámites complementarios acerca de la División de Ferrocarriles».
Región, 6 de febrero de 1931
No cabe duda de que este es el antecedente, si bien fallido porque no hay constancia de que este proyecto finalmente se llevara a término, de la posterior relevancia que tendrá Pruvia en el establecimiento de empresas industriales, de servicios y de hostelería que se fueron instalando en la zona en las décadas posteriores a la Guerra Civil, si bien no de una forma tan clara y planificada como se quiso llevar a cabo en ese año de 1931.
Llanera: Historia, patrimonio y curiosidades 