Si bien el Instituto Armado se funda en 1844, hay que esperar algo más de 30 años para tener la primera noticia de la relación con nuestro concejo. No es hasta mayo de 1876, cuando sabemos que el pleno municipal del 6 de mayo fija en 100 pesetas anuales la aportación del concejo para el sostenimiento de la Guardia Civil, dando así cumplimiento a una circular enviada por el Gobernador Civil, con fecha de 1 de abril. Una noticia que ya tiene 150 años de antigüedad.

El año próximo, 2027, se cumple el primer siglo y medio de presencia estable de la Benemérita en la capital municipal. Fue en el pleno del 13 de enero de 1877, cuando se informa a la corporación que el día 4 de ese mismo mes de enero, tiene el municipio concedido un puesto de la Benemérita, en lo que parece ser el arranque de la presencia estable ya en el municipio. Para ello se decide alquilar una propiedad de Manuel González Espina, a razón de 6 reales diarios a pagar por el ayuntamiento.

Por hacer un poco de historial, decir que la fecha fundacional de la Benemérita es el 28 de marzo de 1844 , como un cuerpo especial de fuerza armada de infantería y caballería, dependiente del Ministerio de la Gobernación. La tarea de poner en marcha este nuevo cuerpo a medio camino entre lo militar y lo policial, se le encarga al mariscal de campo Francisco Javier y Ezpeleta, II Duque de Ahumada, tal y como se recoge en la página web del propio instituto armado.

Desde muy pronto la Guardia Civil va a ejercer una labor de control del orden público, al parecer con bastante eficacia, a tenor del uso asiduo que hace del calabozo municipal, tanto que el ayuntamiento se ve obligado a pedir un presupuesto para la rehabilitación del mismo, la reparación de los servicios higiénicos, y para aportar dos mantas para abrigo de los detenidos. Los fondos que sean necesarios para ello saldrán de la partida de imprevistos. No se explicita la cantidad. (Acta del peno del 6 de octubre de 1877).

Lo que sí sabemos es que en 1878, el presupuesto municipal recoge una partida presupuestaria por importe de 549,50 pesetas, para el pago del alquiler de la casa cuartel. El estado del edificio en cuestión deja mucho que desear, a tenor de la queja presentada por sus ocupantes, y que llega al pleno del 24 de agosto de 1878.

Ante la situación, el consistorio demanda al propietario de la edificación, que haga las reparaciones necesarias y en caso de no realizarlas, será el ayuntamiento quien las asuma revertiendo el coste en el propietario. Para conocer el estado real del edificio, se nombra una comisión formada por el alcalde, Fernando Cortés, los concejales, José Valdés y Antonio Ruiz, auxiliados por el carpintero, Manuel Solares, y el cantero Fernando Martínez.

Un mes más tarde el informe de la comisión es contundente y califica de «inhabitable» a la Casa Cuartel, por lo que se opta por pedir al propietario, Manuel González Espina, que la cierre para proceder a su reparación. En el mismo pleno del 14 de septiembre de 1878, la corporación decide alquilar otra propiedad, esta vez a José Antonio Ablanedo, con un alza en el alquiler de 91,21 pesetas, La solución no parece ser del agrado de los munícipes, y la votación final arroja un saldo de tres votos a favor, dos en contra y, nada más y nada menos, que 10 abstenciones.

Suponemos que como solución transitoria, se alquila una propiedad a Ramona Alonso Ablanedo, opción que se mantendría poco en el tiempo, ya que en el pleno del 18 de enero de 1879, la propiedad alega contra la salida de los números de la Guardia Civil del edificio de su propiedad. Una petición denegada ante las malas condiciones de salubridad que, al parecer, presentaba el edificio.

En octubre se le comunica la rescisión del contrato y para noviembre, Ramona no había recurrido la decisión. Desconocemos la manera en la que se alojarían los miembros del destacamento de la Guardia Civil, ya que no es hasta 1881, dos años después, cuando tenemos la información acerca del acuerdo entre el ayuntamiento y José Antonio Ablanedo. Éste último recibirá una cantidad de 3.750 pesetas, a pagar por trimestres durante 6 años (pleno 5 de marzo de 1881).

Habida cuenta de las dificultades económicas por las que pasan las adminsitraciones locales de este periodo, no es extraño encontrar en el acta del pleno del 22 de marzo de 1884, la resolución del alcalde, Ramón Garcia Miranda y Ablanedo «Ramonín de Puga», en la que se acuerda buscar toda la información disponible sobre la presencia de la Guardia Civil en el concejo, con el fin de pedir al Estado que corra con los gastos de la Casa Cuartel «en vista de la penuria por que atrabiesa este municipio».

Y es que incluso si se necesitan refuerzos, como es el caso durante la celebración de elecciones, es el consistorio el que tiene que hacer frente a la manutención de los guardias. Eso ocurrió, por ejemplo, en 1898, obligando al consistorio a desviar el dinero que tenía previsto invertir en la construcción de una escuela en Arlós ante la falta de un terreno adecuado, para sufragar los gastos de la presencia de ocho parejas de la Guardia Civil, con motivo de la celebración de las elecciones a diputados en Cortes.

En mayo, el alcalde informa que los gastos generados por esa presencia extraordinaria de guardias en el concejo, con la misión de repartir y recoger las cédulas de los electores, son de 110 y de 100 pesetas respectivamente.

Por el periódico El Noroeste, en su edición del 8 de julio de 1898, sabemos que la fuerza de la Guardia Civil se iba a incrementar en Asturias en un total de 80 guardias de infantería y 20 de caballería. Éstos últimos prestarán servicio en Gijón, Llanera y Oviedo. El mismo medio gijonés, nos dice en agosto, que el guardia de la parroquia de Roces, Antonio Viejo, recientemente ascendido a cabo, va a ser destinado a la comandancia de Llanera.

Y cerramos este recorrido decimonónico, con otra noticia de El Noroeste, que nos habla de la conflictividad a la que tenían que hacer aquellos guardias civiles. En enero de 1899 el rotativo se hace eco en sus páginas de la agresión a pedradas sufrida por una pareja de guardias del puesto de Llanera, cuando conducían a varios mineros hacia la prisión provincial. A su paso por Villaperi, un numeroso grupo de mineros, que el periódico supone compañeros de los detenidos.

Los reos eran cinco vecinos de la localidad ovetense acusados de haber atropellado e intentado desarmar a una pareja de la Guardia Civil.